La iniciativa cuenta con un alto apoyo ciudadano en encuestas. Pretende acabar con el pago de mensualidades en colegios financiados con fondos públicos y terminar con la selección de alumnos en el nivel escolar.

El gobierno de Michelle Bachelet defendió su polémica reforma educativa en un encuentro ante los empresarios más poderosos del país, en medio de reuniones para fortalecer la iniciativa que divide aguas en el propio oficialismo.

"Este es un tema demasiado serio como para dejarnos arrastrar por polémicas (...) La reforma es sumamente compleja", sostuvo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en el foro Icare.

Eyzaguirre, otrora alto funcionario del FMI, agregó que la iniciativa persigue enfrentar la segregación social que atraviesa la educación chilena y que a su juicio puede dañar la propia democracia.

Sus palabras, sin embargo, no acallaron las críticas desde el propio oficialismo.

"Hay que ordenar este tema, falta un marco conceptual ordenador, falta un mejor diseño en torno a los objetivos de la reforma", dijo el senador demócrata cristiano Ignacio Walker.

En ese sentido, el también presidente de la Democracia Cristiana valoró la cumbre ministerial citada para este martes por Bachelet para analizar el avance de la iniciativa. "Encuentro que es muy oportuna esta reunión", aseveró.

Cancela viaje. Bachelet, quien asumió en marzo el poder enarbolando la reforma educativa como principal promesa de campaña, convocó a la cita, decidiendo no viajar a la 46 reunión del Mercosur en Caracas.

La reforma, que involucra fondos fiscales por unos 5.000 millones de pesos, emergió como prioridad política tras la ola de protestas que estallaron en 2011.

La iniciativa, que cuenta con un alto apoyo ciudadano en encuestas, pretende acabar con el pago de mensualidades en colegios financiados con fondos públicos y terminar con la selección de alumnos en el nivel escolar.

Actualmente, la educación pública chilena es provista por los municipios y los llamados "sostenedores", empresas que reciben fondos del Estado a cambio de administrar colegios.

Esas empresas privadas fueron autorizadas durante el régimen militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) a tener colegios y universidades, los que les genera rentables negocios.

Incluso las universidades públicas cobran a sus alumnos cantidades que pueden llegar hasta los 8.000 dólares anuales.

Una de las consecuencias de esa transformación, según estudios de todas las tendencias, fue una mayor segregación social en el país.