La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por "los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad" del Estado venezolano.
Al menos 1.324 personas habrían muerto violentamente en los primeros cinco meses del año en operaciones de seguridad de organismos de Venezuela, dijo este jueves la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Michelle Bachelet, quien presentó en Ginebra un informe de 17 páginas sobre Venezuela, dijo que "me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad", en relación a quienes habrían fallecido por oponerse a la autoridad.
De acuerdo a datos oficiales, en 2019 se registraron en toda Venezuela 6.710 homicidios, mientras que entre enero y mayo de este año hubo 1.363 muertes, aunque esos "datos no incluyen las muertes violentas en el marco de operaciones de seguridad, calificadas de 'resistencia a la autoridad'", agregó la expresidenta de Chile.
Del total de muertes en esas operaciones de seguridad en lo que va de 2020, al menos 432 se atribuyeron a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), 366 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 136 a la Guardia Nacional y 124 a policía del Estado Zulia, agregó el informe.
"Se insiste en el informe con cuestionamientos infundados que alimentan la agenda de agresión que se desarrolla contra Venezuela", dijo el embajador venezolano, Jorge Valero, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos, de 47 miembros, entre ellos la nación sudamericana.
El diplomático además anunció que Venezuela ha confirmado la visita al país de la Relatora Especial sobre el Negativo Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan, del 3 al 14 de agosto.
Pero Miguel Pizarro, delegado ante la ONU del líder de la oposición Juan Guaidó, recordó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no permite el ingreso de veedores de derechos humanos al país, y recordó que desde septiembre del año pasado se acordó entre el gobierno y la oficina de Bachelet la visita de otros nueve relatores y ninguna de ellas ha sido autorizada.
