En su informe oral ante la ONU, Michelle Bachelet llamó la atención que desde la última actualización de la situación de DD.HH. en Venezuela, "las tensiones políticas y los actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y de simpatizantes del Gobierno han continuado".
Naciones Unidas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este martes que las "tensiones políticas" y los "actos de violencia" por parte de las fuerzas de seguridad y simpatizantes 'chavistas' contra opositores han continuado desde su última revisión de la situación en Venezuela, por lo que ha instado a las partes a actuar con "el mayor sentido" para evitar una nueva escalada.
"Desde mi última actualización de la situación de Derechos Humanos en Venezuela, las tensiones políticas y los actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y de simpatizantes del Gobierno contra diputados opositores han continuado", ha dicho Bachelet en su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En concreto, ha señalado que desde el 5 de enero, cuando la Asamblea Nacional debía renovar su cúpula, "las fuerzas de seguridad han dificultado a los miembros de la oposición en el Parlamento que entraran" a la sede legislativa.
Bachelet ha querido expresar su preocupación por los casos del diputado opositor Gilber Caro y su asistente, Víctor Ugas, que fueron detenidos el pasado mes de diciembre. "Caro sigue privado de libertad sin que oficialmente se sepa el lugar de detención", ha reprochado.
La ex presidenta chilena ha indicado que se han documentado igualmente "ataques contra opositores políticos, manifestantes y periodistas sin acciones preventivas por parte de las fuerzas de seguridad para evitarlos".
A este respecto, ha recordado lo ocurrido el pasado 11 de febrero en Caracas, cuando el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, regresó a Venezuela y al menos 12 periodistas "fueron atacados", y el 29 de febrero en Lara, cuando "supuestos miembros de grupos armado atacaron a manifestantes y periodistas reunidos en un evento político".
También ha denunciado "acoso" contra algunas autoridades universitarias, detenciones arbitrarias de líderes sindicales y registros en sedes de partidos políticos, medios de comunicación y ONG. Asimismo, ha expresado su preocupación por una nueva ley que sancionaría a las organizaciones humanitarias que reciban financiación extranjera.
"Mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el cuartel general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas", ha añadido.
Bachelet ha llamado la atención sobre el hecho de que todos estos ataques "suelen venir acompañados de una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia".
Niños en riesgo. La Alta Comisionada se ha pronunciado igualmente sobre el impacto de las sanciones internacionales sobre los derechos sociales y económicos en Venezuela, indicando que es "preocupante", especialmente las que afectan a la aerolínea estatal Conviasa y a la industria petrolera, porque "reducen los recursos del Gobierno para el gasto social".
"A pesar de las excepciones para permitir la importación de medicamentos, alimentos y suministros humanitarios, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto de la sobrevigilancia del sector financiero", ha afirmado.
En este punto, Bachelet ha querido hacer un "comentario especial, como madre y pediatra", sobre la "urgente" situación de los niños venezolanos que necesitan un transplante. Actualmente, hay 38 niños en lista de espera en Venezuela y otros seis niños venezolanos están esperando en Argentina. "Algunos, desgraciadamente, han perdido sus vidas esperando", ha recalcado.
Ha apuntado en particular al Hospital Infantil J.M. de los Ríos en Caracas, cuya situación ha definido como "crítica". "A finales de 2019, solo el 21% de sus camas estaban operativas", ha subrayado.
Bachelet también ha recordado que, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 8,3 millones de personas en Venezuela padecen inseguridad alimentaria, 2,3 millones de forma grave.
"Otra cuestión conocida es que la gente está dejando el país", ha apostillado. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) cifra ya en 4,9 millones el éxodo venezolano.
Aunque ha valorado el "enorme esfuerzo de los países de la región", hacia donde se han dirigido la mayoría de los venezolanos", Bachelet ha expresado su pesar por "las declaraciones hechas por algunas autoridades que podrían justificar o incitar a la xenofobia y la violencia contra los migrantes y refugiados".
Acuerdo político. En este contexto, la jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado su llamamiento a "todas las partes" para que "actúen con el mayor sentido" con el fin de "evitar una escalada mayor de la confrontación política que podría llevar a la violencia".
Bachelet ha puesto el foco en la necesidad de llegar a "acuerdos políticos para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar unas elecciones inclusivas, transparentes y creíbles".
Venezuela debe celebrar este año elecciones a la Asamblea Nacional. El Gobierno de Nicolás Maduro ya ha anunciado que se harán aunque "la oposición se niegue", pero se resiste a convocar también los comicios presidenciales "creíbles" que reclaman Guaidó y sus aliados para superar la crisis política.
