"La cuestión de la persecución política no se le imputa ni a Suecia, ni a Reino Unido, pero se le imputa a un tercer país, que es Estados Unidos", sostuvo Baltazar Garzón en una entrevista con el canal estataln ecuatoriano Gama TV.
Quito, Xinhua. El jurista español Baltasar Garzón, al frente de la defensa del australiano Julian Assange, fundador de WiKileaks, ratificó hoy sus acusaciones contra Estados Unidos de perseguir políticamente a su cliente por la difusión de miles de cables confidenciales, aun cuando dijo que cabe una "solución fácil y rápida".
"La cuestión de la persecución política no se le imputa ni a Suecia, ni a Reino Unido, pero se le imputa a un tercer país, que es Estados Unidos", sostuvo Garzón en una entrevista con el canal estatal Gama TV.
Agregó que dicha persecución se da "a través de un procedimiento secreto claramente comprobada su existencia en que los argumentos por los que se le persigue a Julian Assange y a sus colaboradores son precisamente las revelaciones de Wikileaks", expuso el jurista. "Se ha querido focalizar (la persecución) a quien se considera el responsable (de la difusión de los cables) y se ha olvidado todo lo demás", añadió el jurista tras señalar que la información confidencial de las embajadas de Estados Unidos la tenían miles de personas.
El fundador de Wikileaks se refugia desde el pasado 19 de junio en la embajada de Quito en Londres tras solicitar asilo, una protección que Quito le concedió en agosto último, pero que rechaza la Gran Bretaña. La medida, que se adoptó por considerar que la vida del australiano corre peligro, fue rechazada por Reino Unido que se niega a entregar un salvoconducto para que pueda viajar al país sudamericano.
El gobierno británico alega que tiene la obligación de extraditarlo a Suecia, donde es reclamado por acusaciones de delitos sexuales, que él niega y teme que sea un paso para extraditarlo a Estados Unidos donde podría ser juzgado por espionaje o condenado a pena de muerte.
Garzón agregó que el caso "está pendiente de una decisión política del Reino Unido, porque Ecuador ya otorgó asilo diplomático y a partir de ahí, quien debería mover ficha es el gobierno británico". "El gobierno de Ecuador está haciendo las gestiones correspondientes y lo vamos a ver también en Naciones Unidas, en la Asamblea General" (en Nueva York, Estados Unidos), apuntó.
Encuentro bilateral. Se prevé que en el marco del 67 Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, que inicia formalmente este lunes, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, William Hague, traten el caso de Assange.
El encuentro, que ha sido confirmado por Patiño, se realizará el próximo jueves con el fin de encontrar una solución diplomática bilateral. Ambos países retomarán a nivel de cancilleres la discusión del tema, tras un impasse que se superó a fines de agosto.
Garzón añadió que la defensa de Assange, por su parte, "trata de establecer cuál es la situación en los distintos escenarios y sobretodo trasmitir la voluntad de Assange de responder de los cargos todavía no formulados, de las acusaciones que se le hacen en Suecia".
Garzón dijo que tienen "el grupo de abogados que defiende a Julián Assange está permanentemente indagando sobre cuáles son los escenarios y qué podemos hacer".
Resaltó que con la voluntad que está demostrando el gobierno ecuatoriano y la aplicación estricta de las normas internacionales "podemos encontrar una solución fácil y rápida". Pero anotó que "el único obstáculo es la voluntad política de los actores, en este caso, de Gran Bretaña y Suecia".
Sobre el proceso judicial que se ventila en Suecia, Garzón sostuvo que la defensa "tiene limitaciones para acceder al proceso", en el cual es clara "la inconsistencia de las acusaciones".
Insistió que Assange está dispuesto a solucionar el problema, pero no puede renunciar al derecho de asilo para ir a Suecia.
Ecuador ha propuesto como una de las soluciones al problema, que Reino Unido autorice a Quito trasladar a Assange, si es que fuera necesario, a su embajada en Suecia para que atienda los requerimientos de la justicia de ese país. Con ello se busca que el australiano siga teniendo la protección de Ecuador y se evite su extradición a un tercer país.