En el seminario Repensar el futuro ante el reto de la era Trump, el ex juez español dijo que México debe apostarle a derribar cualquier muro que pretenda construir EE.UU.
El juez español Baltasar Garzón afirmó que si el Estado mexicano ya investigó a 10 ex gobernadores por estar vinculados a posibles delitos de corrupción, debe lograr su condena a través del sistema de justicia y reparar el daño, porque de lo contrario sus investigaciones serán un fracaso.
“Un sistema judicial que identifica perpetradores y que después no sea capaz de llevarlos a términos, si hay pruebas persistentes, sería un fracaso”, aseveró.
Entrevistado por El Economista, el ex juez de la Audiencia Nacional de España dijo además que el sistema de justicia no debe distinguir sobre el cargo que ostentaron los ex gobernadores, sino —en caso de haber pruebas— lograr la condena de los exfuncionarios que actualmente son sometidos a juicio por actos de corrupción, como el caso de Javier Duarte de Veracruz; Roberto Borge de Quintana Roo; Tomás Yarrington de Tamaulipas; Guillermo Padrés de Sonora, entre otros.
Baltasar Garzón indicó que en esos casos se debe respetar el derecho a la presunción de la inocencia, aunque si los jueces mexicanos decretan una sentencia absolutoria contra los exgobernadores, el Estado mexicano deberá dar una explicación a la sociedad que no estará conforme con esa decisión.
“Hay que buscar procedimientos más ágiles, procedimientos con todas las garantías, y que las víctimas —si no resultan satisfechas con una condena— tienen que resultar satisfechas con una explicación por parte del Estado, a través de sus representantes, en este caso jueces o fiscales, porque no sólo es dictar una sentencia, porque 90% de los ciudadanos no entienden las sentencias y ni siquiera tienen acceso a ellos”, explicó Baltasar Garzón.
Luego de que se difundiera que en la primera audiencia contra el exgobernador Javier Duarte, los funcionarios de la Procuraduría General de la República evidenciaron un desconocimiento del expediente, lo que provocó que incluso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamara a tener fe en la actuación de esa Procuraduría, el exjuez español señaló que cualquier Estado tiene la obligación de lograr la justicia en aquellos casos que haya iniciado algún procedimiento, sea quien sea y sin importar la jerarquía social o política del imputado.
“Todos los estados tienen la responsabilidad, desde el momento en que se inicia el aparato judicial, de que (éste) tiene que funcionar. La administración de justicia tiene que funcionar sin diferenciación, sean 10 exgobernadores, sean 10 narcotraficantes, 10 estafadores o 10 personas que cometen actos de corrupción”, aseveró.
Garzón dijo que en México es relevante que la ciudadanía está muy comprometida con denunciar y exhibir los actos de corrupción, por lo que sugirió legislar para proteger aún más la denuncia ciudadana, a efecto de evitar que sean perseguidas las personas que se atreven a dar parte de hechos indebidos.
“Lo importante es que frente a la corrupción no hay diferencias, frente a la corrupción no hay silencio, que es precisamente lo que propiciaba la extensión de la misma.
“Esa participación ciudadana desde los mecanismos de control, de denuncia, de persecución hacen que los espacios de actuación de la corrupción sean cada vez más estrechos y lo que hay que hacer es implementar normas que protejan a quienes denuncian los casos de corrupción, aquellas personas que haciendo gala de un valor ciudadano denuncian comportamientos ilícitos, para que no sean víctimas de persecución”.
“Derribar el muro”. Durante su participación en el seminario internacional Para repensar el futuro ante el reto de la era de Trump, celebrado en el antiguo recinto del Senado de la República, Baltasar Garzón Real dijo que México debe apostarle a derribar cualquier muro que pretenda construir Estados Unidos, pero también a derrumbar la corrupción y otros fenómenos que laceran al país, como la pobreza y la falta de empleos bien remunerados.
“Hay que derribar el muro de la corrupción, el muro de los paraísos fiscales, el muro del aprovechamiento ilícito del cargo público; por el contrario, hay que impulsar la transparencia, el control, la participación del sistema de gobierno abierto, la rendición de cuentas. La situación que hoy perturba la estabilidad de los países que está íntimamente relacionada con las diversas formas de delincuencia y la corrupción”, advirtió.
Nuevo Sistema penal. Si el sistema de justicia penal adversarial mexicano está siendo cuestionado por provocar la liberación de imputados o del aumento de delitos, debe ser sometido a revisión para hacer cambios, pues de no hacerlo, sería un suicidio, afirmó el exjuez español, Baltasar Garzón.
En entrevista, el exjuez de la Audiencia Nacional de España dijo que al haberse cumplido un año de la implementación del nuevo modelo de justicia en nuestro país, ya se puede hacer un estudio sobre sus efectos, luego de que organizaciones sociales, como Alto al Secuestro, han criticado la liberación de presuntos delincuentes, como también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que cerca de 12.000 personas han sido liberadas bajo el nuevo sistema, además de que, expresó, ha propiciado el aumento de los delitos.
“Un año es suficiente para unos temas sí y para otros no. El análisis tiene que ser mucho más profundo y transversal. Y una vez hecho y obtenido, poner los medios para rectificarlo, mantenerse en el error sería un suicidio. Si es que no funcionan las cosas, la sociedad lo que necesita es la protección. Si algo no ha funcionado o está siendo cuestionado, hay que profundizar para corregirlo”, aseveró.
Por ello, Baltasar Garzón dijo que toda transformación de un sistema inquisitivo a un sistema adversarial “produce disfunciones”. Añadió que sin modificar la figura de la presunción de la inocencia, a la que calificó como una conquista de la justicia, se deben reajustar aquellas cuestiones que no permitan a las víctimas obtener justicia.
“Hay que darle garantías al perpetrador, la presunción de inocencia es una conquista fundamental, pero las víctimas tienen que ser protegidas y reparadas. Es el Estado el que tiene que equilibrar esa balanza mediante las medidas adecuadas”, aseveró.
Respecto de la posibilidad de que los jueces en nuestro país protejan más los derechos humanos de los victimarios que el de las víctimas, el exjuez español aseguró que “el respeto a los derechos humanos debe contribuir a una mayor seguridad, si eso no es así, habrá que estudiarlo”.
Refirió que entre 1982 y 1984 en España se implementaron reformas al sistema judicial y penal que “supusieron la liberación de muchas personas de prisión por las reglas de prisión provisional”. Sin embargo, dijo que se estudió el fenómeno y se corrigió. La idea es que “antes de echarse la culpa unos a otros (...), es cómo proteger más adecuadamente a la sociedad, pero a la vez respetar las garantías y las medidas de justicia reparativa”, refirió.
Baltasar Garzón dijo que “todos los países tienen que estar en constante y permanente revisión de aquellas normas que los rigen cuando se perciben que no protegen suficientemente esos derechos”.
Finalmente, dijo que en este momento de la implementación del nuevo sistema penal adversarial, se requieren jueces comprometidos con la protección de la víctimas, sin dejar de ofrecer garantías al perpetrador.
“Los jueces son los garantes de los derechos y el último reducto que los ciudadanos tenemos para que se proteja nuestra seguridad jurídica. Por tanto tiene que ser un sistema de justicia en el que la independencia y la responsabilidad sean los elementos fundamentales de los jueces. La independencia no es un derecho de los jueces, es una obligación; la justicia no se pide, se exige”.
