El juez está a la espera de conocer el veredicto sobre otro caso en el que está acusado de prevaricación por haber ordenado las escuchas de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción "Gürtel".

Madrid. El magistrado español más internacional, Baltasar Garzón, vuelve al Tribunal Supremo este martes para ser juzgado por la acusación de que su investigación sobre los crímenes del franquismo excedió sus competencias, en medio del clamor de asociaciones de víctimas y de derechos humanos.

Garzón está a la espera de conocer el veredicto sobre otro caso, en el que está acusado de prevaricación por haber ordenado las escuchas de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción "Gürtel" y afronta una tercera causa que aún está en fase de investigación, una situación calificada de "insólita" por sus abogados y criticada duramente por sus partidarios.

"Eso que ha hecho el juez Garzón, investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es sencillamente una obligación de Derecho internacional que pesa sobre el Estado español", dijo a Reuters Hugo Relva, consejero jurírico del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.

"No vas a encontrar ningún otro ejemplo en el mundo en el cual un juez sea llevado ante la justicia por hacer eso", agregó, calificando el proceso de "despropósito" y pidiendo que se desestimen los cargos.

El magistrado, de 56 años, saltó a la fama mundial en 1998, cuando trató de extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet desde Reino Unido, y desde entonces se ha convertido en un paladín de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en el mundo, lo que ha añadido controversia a un personaje que en España desata odios y pasiones.

Su carrera judicial podría llegar a su fin en caso de ser condenado en cualquiera de los dos casos, puesto que las acusaciones populares - única parte acusadora, ya que la fiscalía solicita su absolución en ambas causas - piden hasta 20 años de inhabilitación profesional.

En octubre de 2008, Garzón, como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, tras las denuncias presentadas por asociaciones de familiares de víctimas con un listado de más de 114.000 desaparecidos.

En su auto, atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes la rebelión contra el gobierno de la República en 1936 y un plan de exterminio sistemático de sus oponentes, y denunció que los hechos no habían sido investigados nunca por la Justicia española.

Poco después, y tras constatar lo obvio - el fallecimiento de los responsables -, se inhibió en favor de los juzgados territoriales para que estos comenzasen a investigar las fosas comunes, una actuación que han llevado a cabo las asociaciones de víctimas con sus medios.

En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella del sindicato derechista Manos Limpias que sostenía que Garzón se saltó la Ley de Amnistía de 1977, que las leyes penales no tienen retroactividad y que su resolución fue un fraude de ley. A la misma se adhirieron la asociación Libertad e Identidad y Falange Española, aunque la querella de la última fue rechazada posteriormente por defecto de forma.

Tras ordenarse la apertura de juicio oral, el poder judicial suspendió temporalmente a Garzón de su puesto en la Audiencia Nacional, lo que le llevó a irse al extranjero - ha trabajado para la Corte Penal Internacional y ahora lo hace para la Organización de Estados Americanos en Colombia - y el proceso de investigar las fosas se ha frenado.

"Garzón ha juzgado temas muy importantes en la democracia española", dijo en una intervención reciente ante la prensa su abogado en este caso, Gonzalo Martínez Fresneda.

"Todo eso ha podido influir hasta ahora en que se abrieran las causas contra él, en que fuera expulsado de la Audiencia, pero el objetivo es intentar que esa influencia desaparezca y se haga justicia", agregó.

"Aquí el Estado se lava las manos". Relva, de Amnistía Internacional, mostró su sorpresa porque en España no se investiguen las fosas comunes, como ocurre en otros países.

"¿Como puede ser que en este país, que está lleno de fosas comunes por doquier, a nadie le preocupe eso?", preguntó. "Aquí el Estado se lava las manos".

Relva destacó "el empeño que ha puesto, por fortuna exitoso, España, en investigar violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado en otros países, regiones, y el absoluto desdén que muestra España para investigar lo que ha ocurrido en su propio territorio".

El martes comienza la vista con unas cuestiones técnicas que pedirá su defensa, y a las puertas de la sede del Tribunal Supremo en Madrid donde se celebran las sesiones se espera una presencia numerosa de asociaciones y simpatizantes de Garzón, más multitudinaria de la que ya hubo la semana pasada al inicio del anterior proceso.

Este miércoles, el tribunal decidirá sobre estas cuestiones técnicas, y el juicio se reanudará el martes 31 con la declaración inicial del acusado. Se espera que el proceso se prolongue unas dos semanas, con la declaración de 22 testigos propuestos por la defensa procedentes de asociaciones de la memoria histórica, después de que el tribunal rechazara la comparecencia de personalidades vinculadas con la justicia internacional.

Durante su celebración podría conocerse la sentencia sobre el caso de las escuchas de Gürtel. Garzón ya ha dicho que en caso de ser condenado apelará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que ya demandó al Supremo español por considerar que al procesarle atacaba la independencia de los jueces.