Aunque no existe ningún proyecto de ley en el Congreso, 12 de las 16 bancadas rechazan conocer o discutir la propuesta de ampliación del mandato presidencial, de cuatro a seis años.

Al ser consultados los jefes de bloques, destacan que la propuesta solo ha sido discutida en los medios de comunicación, y aunque se reconoce que la intención nació del oficialismo, hasta ahora evitan dar detalles porque desconocen la iniciativa.

El mismo Partido Patriota (PP) no define una postura como bancada, y sus integrantes se dividen entre quienes apoyan la propuesta de dos años más de gobierno y los que prefieren evitar el “desgaste político” y no conocer la iniciativa.

El oficialista Valentín Gramajo, que el jueves recién pasado confirmó que ya se discutía el tema dentro y fuera del Legislativo, no ha respondido y ha evitado declaraciones públicas sobre la propuesta.

No es el momento. Aunque algunos jefes de bloques consideran un error modificar la Constitución, todos señalan que “el momento político” no es el adecuado y tampoco existe la demanda generalizada para que una consulta popular se considere la mejor vía.

Según Carlos Fión, jefe de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), aunque al Congreso le corresponde conocer cualquier modificación de la Constitución, no participarían de ninguna discusión que se proponga, por incluir la ampliación del mandato presidencial.

Mauro Guzmán, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también descartó la participación de cualquier diputado de esa agrupación en alguna mesa de discusión de reformas constitucionales. Agregó que la propuesta no debería venir ni ser discutida por el partido oficial.

Agregó: “El presidente no puede ir mas allá de lo que la ley le permite, y consideramos que está fuera de orden al opinar sobre cosas que no le corresponde, y debería alejarse, porque hay un interés manifiesto y quisiera quedarse más tiempo que el que le corresponde”.

El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) Hugo Morán descartó dialogar sobre una reforma constitucional que, aunque no se ha conocido oficialmente, se rechazaría.

“Primero, no es el momento para estar discutiendo este tema, con las deficiencias de este gobierno para enfrentar los problemas del país, y podría estar tipificado como delito intentar reformar estos artículos”, señaló Morán.

Carlos López, jefe de la bancada de Todos y la alianza parlamentaria con el bloque Unionista, Gran Alianza Nacional y Victoria, calificó de “delito” querer conocer reformas que la ley prohíbe hacer a la Carta Magna.

“Hay que conocerla —la propuesta—, pero de entrada la consideramos ilegal. Hablar de una prolongación presidencial es transgredir la Constitución. Hacerlo significará también reconocer la comisión de un delito”, advirtió López.

Más rechazo. En la misma línea, los dos legisladores de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) rechazan el apoyo a cualquier iniciativa dirigida a la ampliación del período presidencia de los diputados y alcaldes.

Agregó: “Ahorita no hay condiciones para hablar de este tema porque se sabe con qué intención se estaría haciendo. De hacerlo se debería trabajar en un proceso organizado y en una reforma integral de la Constitución”.

Nineth Montenegro y Leonel Soto, diputados de Encuentro por Guatemala (EG) y Unionista, respectivamente, señalaron que existen otras prioridades en el país antes de cambios constitucionales.

“Este no es momento para conocer ninguna reforma, hay prioridades que el Congreso debe analizar para mejorar seguridad ciudadana, activación económica y recursos educativos”, indicó Soto.

Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada (Líder), evitó comentar, al señalar que esa bancada fijaría hoy su posición al respecto.

Compromiso político. El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina, dijo ayer que solo un compromiso político puede garantizar que el Ejecutivo no introduzca cambios a la Constitución, relacionadas al sector justicia.

El presidente Otto Pérez Molina ha llamado a discutir la modiciación de la Carta Magna, con el propósito de extender el período de mandato del gobernante de cuatro a seis años.

Ante ello, Molina Barreto aseveró que el órgano competente para hacer las reformas es el Legislativo,porque es un poder soberano.

“Por ello, considero que solo a través de un compromiso político se puede garantizar esto —que el Ejecutivo no introduzca cambios en la Constitución—, debido a que es una actitud política”, expresó.

También aprovechó para afirmar que la propuesta que él ha impulsado es a título personal, y no en representación del máximo tribunal del orden constitucional.

“Tengo que analizar la denuncia”. Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público (MP), informó ayer que aún no ha leído la denuncia interpuesta el domingo recién pasado contra el gobernante Otto Pérez Molina por el supuesto proyecto de ampliar el período al mandato presidencial.

“Tengo que analizar la denuncia, para que luego sea trasladada a la Torre de Tribunales”, dijo Aldana.

El gobernante goza de inmunidad, por lo que debe ser el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia el que decida sobre el antejuicio.

Al ser consultada de si el MP actuaría de oficio en caso de que existiera la propuesta de la ampliación por dos años al período presidencial,

Aldana explicó que en ese momento solo tenía información proporcionada por los medios de comunicación.

“Ahora tengo que analizar, y ya en base en la situación se tendrá que tomar la decisión correspondiente”, enfatizó.

Las declaraciones de la fiscal general se dieron cuando recorrió fiscalías en el edificio del MP.

“No soy médico de la Constitución”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Arturo Sierra, al referirse a la posibilidad de que el Ejecutivo introduzca cambios en la Constitución para impulsar reformas al sector justicia, indicó: “Eso no puedo decir yo, porque no soy el médico de la Constitución”.

Agregó que no podía emitir opinión sobre algo que aún no ocurre.

El presidente Otto Pérez Molina lanzó recientemente un llamado a debatir la posibilidad de reformar la Carta Magna, en lo relacionado con la reelección y la ampliación del período presidencial a seis años.

Esa propuesta ha provocado opiniones encontradas, debido a que considera que es inconstitucional.

Hay gente interesada. Valentín Gramajo afirmó abiertamente el pasado jueves que se discute la ampliación del mandato presidencial.

“Estamos discutiendo los artículos de la Constitución con personas ajenas al Congreso, adentro del Congreso; levantar el tema para poder discutirse”, indicó.

Añadió: “La ampliación del mandato presidencial se incluye en la discusión, pero no significa que en la propuesta se vaya a incluir. Es una decisión de jefes de bloques al presentar la iniciativa”.