Una ampliación de cuatro a seis años del período presidencial, al menos por el Congreso, no sería viable según los jefes de bloques, quienes ven en la propuesta un distractor del oficialismo para desviar la atención de temas que ahora causan desgaste gubernamental.

El “rumor”, como varios legisladores prefieren llamar a la intención de una prórroga, desató críticas entre los parlamentarios, en su mayoría, al considerar que “no es el momento” de llevar la discusión a la agenda en el Congreso.

Solo el bloque del Partido Patriota (PP), aunque niega que la propuesta pueda alcanzar al Ejecutivo, está dispuesto a discutir la ampliación del período de diputados y alcaldes como un asunto “de interés para el país”.

Distractor. El diputado de Visión con Valores, Manuel Villacorta, descartó la posibilidad de ampliar el mandato, al menos para el actual período porque la Ley no tiene carácter retroactivo.

“El Congreso tiene facultad para decidir y resolver sobre ese punto, pero necesariamente debe ir a consulta popular y de ser aprobada, cobrará vigencia para el siguiente período porque un funcionario electo por cuatro años no puede estar por seis”, explicó Villacorta.

Roberto Villate, jefe de la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), descartó cualquier debate para la ampliación constitucional.

“Nuevamente vemos que el Gobierno es un maestro en las bombas de humo, los distractores para no ver los temas en donde han fracasado: en educación, salud y seguridad que es frustre de ellos”, dijo Villate.

“En lugar de pedir dos años más, deberían presentar una para quitarle un año”, añadió

Para el jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, se trata de desviar la atención mediática hacia un tema sin sustento legal y perder interés en otros que afectan la actual administración pública.

Agregó: “Deberían ponerse a pensar que solo les falta año y medio. Se deben poner a trabajar y dejar de estar tirando globitos para distraer la atención de la opinión pública, porque la población está demandando solución para los temas económicos que están golpeando la canasta básica, conflictividad en energía eléctrica y seguridad. Se quieren respuestas concretas y no cortinas de humo”.

Amílcar Pop, diputado de Winaq, califica la propuesta como un distractor, porque no tiene ningún fundamento jurídico en el cual basarse.

“Existe un desgaste político en el gobierno. Vemos cómo la población en todos los niveles, especialmente por la conflictividad social en todo el país, genera un descenso en la legitimidad del Gobierno y el mismo desgaste propio del Congreso que no aporta una discusión de estas”, aseguró Pop.

El jefe de la bancada Todos, Carlos López, reconoció que la Constitución debe ser reformada pero en otros temas, como fortalecer el Estado, y no para la prórroga presidencial que “en este momento está fuera de lugar”.

Oficialismo insiste. Para Juan José Porras, jefe del bloque oficial, prolongar el mandato presidencial “no es legal y no se podría en este momento”, por lo que ven la posibilidad de ampliar el período legislativo y edil como la alternativa que merece ser discutida.

Agregó: “Si hay una propuesta formal que venga al Legislativo de alguna bancada o diputado en particular, debería haber un análisis, que no solo depende que los diputados y alcaldes lo quieran, sino que la población tiene que decidir y, por lo tanto, es importante esa validación”.

La Gran Alianza Nacional (Gana) no rechaza la propuesta que se tendría que analizar y a través de la discusión encontrar la mejor vía para conocer la viabilidad del cambio, declaró el subjefe, Carlos Martínez.

Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), sostuvo que no se renunciaría a la discusión del tema, siempre que sea en el momento y lugar adecuados.

“No renunciamos a la discusión, siempre y cuando se dé en su momento y oportunidad, y no es ahora, solo vendría a enturbiar el panorama electoral”, explicó Fión.

La supuesta ruta del partido oficial. La propuesta, aunque se posicionó en la coyuntura sin que nadie la firmara como propia, se habría estado gestando en el seno del Partido Patriota (PP) como una iniciativa que llegaría al Congreso durante el actual período de sesiones extraordinarias, para ser aprobada de urgencia nacional, sin debate ni discusiones previas.

Fuentes cercanas al oficialismo confirmaron que la ampliación del mandato había nacido como una sugerencia y la idea se propagó entre diputados de distintas bancadas hasta que se demostró que había un interés casi general de aumentar de cuatro a seis años el período presidencial, de legisladores y corporaciones ediles.

La labor de redactar una iniciativa, con cuidado de no caer en inconstitucionalidades, habría sido encomendada a un diputado del PP con experiencia en legislación y temas constitucionales.

El planteamiento más ágil es modificar el artículo 184 de la Constitución y aumentar de cuatro a seis años el mandato.

El artículo, al no estar incluido en la lista de pétreos, puede modificarse sin necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, y según la interpretación, tampoco afecta el artículo 187, que prohíbe la reelección y prolongarse en el puesto, lo que sí es inmodificable por la vía de la consulta popular.

Algunos diputados que pidieron el anonimato aseguraron que se han sostenido pláticas con legisladores independientes dispuestos a presentar la iniciativa y pedir la ampliación del mandato, con la justificación de que se necesita hacer gobierno más tiempo para implementar políticas públicas de largo plazo.

La ruta, según la estrategia planteada y que habría circulado en el PP, llevaría a aprobar la iniciativa antes del 1 de agosto, a fin de que el Tribunal Supremo Electoral contara con tres meses para preparar una consulta popular y se efectuara en noviembre, para ratificar los cambios constitucionales, que cobrarían vigencia en el 2015.

Reforma constitucional de 1993. Hace 21 años, la Constitución fue alterada por primera vez tras la crisis institucional causada por el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías.

Entre los cambios se redujo de cinco a cuatro años el mandato presidencial. Ahora este sería el procedimiento:

- La propuesta de reformas, ninguna con artículos pétreos, se conoce a través de una iniciativa de ley.

- La propuesta se lee en el pleno, para conocimiento de los diputados.

- La Junta Directiva abre el debate y somete la iniciativa a discusión y votación por artículos.

- En el proceso de aprobación se pueden conocer enmiendas totales o parciales a la propuesta original.

- Se requiere para la aprobación de la iniciativa el voto favorable de al menos las dos terceras partes del pleno: 105 de 158 diputados.

- Al aprobar la iniciativa se convoca al TSE para efectuar la Consulta Popular.

- El proyecto de reformas debe ser publicado tres veces en el Diario de Centro América para conocimiento de la población.

- De ser favorable la Consulta Popular el Congreso convoca a una sesión específica para ratificar el paquete de reformas.

Gobierno condiciona préstamo. El Congreso podría aprobar hoy de urgencia nacional el préstamo por US$280 millones —Q2 mil 156 millones— con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, según las cláusulas del contrato, es para pago de la empresa Sigma.

El préstamo sería el primero directamente para un proveedor, con una cláusula que dice: “El BCIE no asume ninguna responsabilidad en lo que concierne a la contratación directa solicitada por el gobierno, ni con respecto de los contratos existentes”.

Los recursos son para la amortización de la deuda flotante del Estado con Sigma, el financiamiento de un tramo carretero entre Escuintla y Jutiapa, y ampliar un contrato vigente desde 1988 con esa empresa, la segunda que más deuda sin respaldo tiene en el Ministerio de Comunicaciones.

Sigma ha sido cuestionada por no tener contratos adjudicados a través de concurso público, aunque ha ejecutado más de Q2 mil millones del 1988 al 2011.