Un plan especial propone abordar de manera integral los factores que contribuyen a la existencia de los elevados índices de crímenes violentos en el estado, implementando acciones que buscan aumentar la efectividad de las policías y apoyar la inclusión social y productiva de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Con el fin de ayudar a baja el alto índice de crímenes violentos, el estado brasileño de Espírito Santo tendrá un programa especial de seguridad ciudadana por US$70 millones, el cual contará con el financiamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$56 millones.

El proyecto propone abordar de manera integral los factores que contribuyen a la existencia de los elevados índices de crímenes violentos en el estado, implementando acciones que buscan aumentar la efectividad de las policías, apoyar la inclusión social y productiva de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad a la violencia y reducir los índices de reincidencia.

Desde 2011 a 2013 la tasa de homicidios se redujo en 10%, llegando a 43,3 por cien mil habitantes. Sin embargo, el estado históricamente ha registrado tasas de homicidios cercanas al doble del promedio nacional.

Las intervenciones se centran en ocho de los 78 municipios del Estado (Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Linhares y São Mateus), donde, en los últimos 3 años, se concentró el 72% del total de homicidios, siendo los jóvenes sus principales víctimas y perpetradores, y en espacial afectando a los afrodescendientes.

El plan se propone fijar un nuevo paradigma en la gestión de la seguridad ciudadana, que se centre en una cultura moderna de gestión para resultados y con amplia participación ciudadana, que incluye un modelo de policía comunitaria. La meta es capacitar aproximadamente 2.700 policías en cinco años.

Asimismo se implementarán 15 Centros de Ciudadanía que prestarán servicios de prevención de la violencia juvenil. La meta es atender a más de 52.000 jóvenes con servicios de deportes, cultura, educación remedial y desarrollo de habilidades para la solución pacífica de conflictos, y apoyar la inserción laboral de 24.000 jóvenes beneficiarios.

El estimado de costo-beneficio indica un retorno de US$3,14 por cada US$1,00 invertido, por los ahorros generados por la reducción de la delincuencia y la violencia.

El crédito del BID tiene un período de amortización de 24 años y una tasa basada en LIBOR.