El gobierno y los indígenas aprobaron la reglamentación de la ley de protección del TIPNIS, que permitirá revisar la anulación de licencias ambientales de empresas que operaban en el parque y limitará la intangibilidad para garantizar el vivir bien, se informó.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, y los dirigentes indígenas Fernando Vargas, José Bailaba y Juan Carlos Pesoa firmaron el acuerdo que contiene el proyecto de reglamento de la ley de protección del parque, aprobado el 24 de octubre.

Bailaba explicó que la intangibilidad no impedirá el desarrollo de actividades que garanticen el vivir bien, aunque siempre en el marco del principio de uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales. Añadió que con ello, “no se cae en esto de restringir la vida a la sobrevivencia”.

La propuesta de decreto, empero, establece la prohibición expresa de no autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles, asentamientos humanos, ejecución de megaproyectos, obras y actividades de gran escala, vías férreas e hidroeléctricas, explotación industrial de recursos naturales, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales

Técnico. Bailaba explicó que precisamente acordaron crear procedimientos técnicos de evaluación que fijarán la magnitud de una actividad para considerarla comercial y/o mercantil. En este marco, afirmó que debe revisarse la anulación de licencias ambientales de las empresas que operaban en la zona.

En cumplimiento de la ley de protección e intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la administración de Evo Morales suspendió en noviembre las licencias ambientales de la empresa de turismo Untamed Angling SA, y de las madereras Suri, Huanca Rodríguez e Isigo. Además anunció que no renovará el permiso para el plan de cuero de saurios en 2012.

“Creemos que a partir de allí (acuerdo) se requieren ajustes para ver qué está o no mal (de las acciones asumidas por el Gobierno en este tema)”, sostuvo el dirigente, quien añadió que la eventual restitución dependerá de los resultados del análisis y evaluación conjunta con el Ejecutivo.

Este trabajo debe tomar en cuenta el beneficio que representan estas actividades para los habitantes del parque, anticipó.

Parte del artículo 4 del proyecto reglamentario refiere que “se adopta la evaluación como una medida eficaz para establecer los límites sobre actividades no prohibidas, garantizando el aprovechamiento tradicional y diferenciándolo de otro tipo de usos...”.

El vicepresidente Álvaro García señaló el 28 de octubre que hay actividades “industriales” en la zona que chocan con el carácter especial de este territorio.

La marcha indígena logró la promulgación de la ley corta que vetó la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque. Las visiones contrapuestas sobre el alcance de carácter especial fue superado, por lo que la “intangibilidad se traduce en el vivir bien”, destacó.

Diálogo. El gobierno y los indígenas, de forma conjunta, deberán definir las actividades y proyectos que se ejecutarán en la zona de forma sostenible.

Vargas afirmó que el acuerdo garantiza el derecho al uso de los recursos naturales. “Toda actividad que se pretenda realizar se hará a través de una norma técnica donde establezcan los límites permisibles de cualquier uso que se quiera realizar de cualquier recurso natural”, precisó.

El documento será socializado entre los habitantes del Tipnis y el Gobierno asumió el compromiso de participar de este proceso, explicó Vargas, quien fue uno de los líderes de la marcha indígena, que fue reprimida el 25 de septiembre en Yucumo, un día después de que un grupo de mujeres tomara como rehén al canciller David Choquehuanca.

“No debe haber restricción, que no confunda intangibilidad con prohibición del derecho a la vida, así está planteado en el reglamento”, puntualizó Vargas.

El gabinete ministerial debe aprobar el decreto para que entre en vigencia. Este medio llamó a Romero y Silva para conocer su posición sobre el acuerdo, pero ninguno contestó el teléfono.

Puntos del acuerdo.

- Intangibilidad: Se garantiza el uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas Yuracaré, Tsimane y Mojeño-Trinitario que lo habitan, y que aseguren el vivir bien de las comunidades del territorio de acuerdo con su cultura y concepción propia de desarrollo, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida, su zonificación y el aprovechamiento sustentable establecido en la CPE. La intangibilidad se aplica a actores internos y/o externos en virtud a la alta fragilidad de sus valores naturales y culturales excepcionales....

- Prohibiciones: Está expresamente prohibido autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles; asentamientos humanos externos u ocupación ilegal de tierras al interior del Tipnis, ejecutar megaproyectos, obras y actividades a gran escala, tales como la construcción de carreteras, vías férreas e hidroeléctricas, la explotación industrial de recursos naturales, la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales; y otras actividades que provocan o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos. Habrá labores de interdicción y expulsará asentamientos ilegales.

En Cochabamba articulan protestas contra la ley. Diversos sectores en Cochabamba y Beni plantearon al presidente Evo Morales anular la denominada ley corta para viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Los caciques del Consejo Indígena del Sur (Conisur), los cocaleros y otros sectores exigen reactivar el proyecto carretero. El Ejecutivo aseguró que la obra es inviable si no pasa por el territorio de los indígenas, porque una alternativa representa un alto costo adicional.

La brasileña OAS es la encargada de la construcción del proyecto en tres tramos. Los tramos I y III están en construcción, mientras que el II (que pasaba por la reserva) está paralizado a la espera de un trazo alterno. Brasil concedió un crédito de US$332 millones para la carretera, que en total alcanzaría un costo de US$415 millones.

Los indígenas opuestos a la ley corta anunciaron que iniciarán una marcha hacia La Paz para hacer escuchar su reclamo, mientras que en Cochabamba formaron un comité que articula a diferentes sectores en pos de la carretera. En San Ignacio de Moxos también demandaron reactivar el proyecto.

El presidente Evo Morales dejó a las organizaciones vivas de los departamentos de Cochabamba y Beni analizar el curso de la infraestructura legal. El gobierno y los indígenas de la marcha, que lograron la aprobación de la ley corta, acordaron este domingo el reglamento de la ley. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que respetará la decisión que tome Bolivia sobre la carretera.