Un caso emblemático sucedió en La Paz en noviembre pasado, cuando se difundió un video en el que una litigante grabó a jueces y secretaria que la extorsionaron con US$15.000 para "torcer" la decisión judicial.
La cumbre estaba prevista originalmente para celebrarse en enero pasado, sin embargo no se pudo concretar y por lo tanto se reprogramó este encuentro nacional para junio próximo en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.
Un caso emblemático sucedió en La Paz en noviembre pasado, cuando se difundió un video en el que una litigante grabó a jueces y secretaria que la extorsionaron con US$15.000 para "torcer" la decisión judicial.
Esta semana se destapó una "mafia organizada" dentro del sistema judicial conformada por jueces, fiscales y abogados que prestaban sus servicios en importantes casos, como se mostró en acusaciones contra la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), por el cual se detuvieron a varios juristas y autoridades involucrados en el caso.
Otra cifra alarmante brindó el fiscal General, Ramiro Guerrero, quien señala que más de 80 fiscales e igual número de personal subalterno, entre asistentes, auxiliares y médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), fueron destituidos de sus cargos en el último tiempo por malos tratos, retardación de justicia y corrupción.
El Consejo de la Magistratura informó que al menos 45 jueces son procesados por retardación de justicia y faltas graves y muy graves, los cuales fueron identificados tras la realización de operaciones sorpresa en las ciudades de La Paz y El Alto.
Injerencia política y la corrupción. El criterio generalizado señala que la corrupción y la injerencia política en la justicia son los elementos que carcomen la estructura de este órgano y que mantiene permanente su crisis.
Para el abogado Rogelio Mayta, el problema de la corrupción en la justicia es un problema endémico, ante el que las soluciones legales han resultado absolutamente ineficaces poniendo en evidencia la necesidad de cambiar de enfoque para atacar el problema.
"Mientras revisamos datos se tiene como que de cada 100 personas que concurren a realizar alguna gestión al Ministerio Público, 42 pagarían alguna coima, mientras 31 lo harían en los juzgados", aseveró.
El jurista Mayta explicó estos dos elementos vienen desde la Colonia y han provocado se generen desde pequeños hasta grandes negocios ilícitos con las transas entre litigantes y operadores de justicia.
En un análisis sobre la crisis judicial y las alternativas de enfrentarla, la ministra Velasco admitió que el sistema de justicia en Bolivia cuesta "mucho dinero" y está diseñado para que se genere corrupción en todo el proceso que un litigante debe seguir.
El ex defensor del Pueblo y actual rector de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (IMSA), Waldo Albarracín, dijo a Xinhua que la forma de corrupción predominante en la administración de justicia es la "pequeña corrupción", la cual se genera cuando la gente acude a los juzgados y otras instancias del sistema de administración de justicia.
Agregó que las principales formas de corrupción en la administración de justicia son el clientelismo, el cohecho y la injerencia política.
Cumbre judicial. Según la ministra Velasco, en la cumbre judicial participará el pueblo boliviano, representado en sus instituciones del Estado, de la sociedad civil, organizaciones civiles y sociales, las cuales definirán una ruta crítica.
Aclaró que después de la cumbre la justicia no se resolverá nada sobre la crisis de la justicia, sino que se definirán los caminos a seguir en el marco de una planificación estratégica para un cambio progresivo de la justicia en el país.
"Seguramente habrá medidas de corto, mediano y largo plazo. Todo esto será un de cambios paulatinos sobre el régimen disciplinario, formación de abogados, cambio de autoridades, selección 'meritocrática' de operadores de justicia, cambiar leyes y hasta posiblemente la Constitución", añadió.
El gobierno de Bolivia prevé encarar una revolución integral de la justicia para terminar con la retardación y la corrupción, principalmente.
En la cumbre nacional todos los actores involucrados en la justicia definirán cuáles son los mejores mecanismos y filtros para garantizar la independencia del Organo Judicial y evitar su politización.