Rubén Costas, una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Evo Morales, enfrenta una nueva demanda, que se suma a la presentada por el vicepresidente Álvaro García Linera.

La Paz. El riesgo de suspensión por tiempo indefinido que afronta el principal gobernador opositor de Bolivia, Rubén Costas del departamento oriental de Santa Cruz, se acrecentó este martes cuando un fiscal sumó una nueva demanda contra el polémico líder regional. 

El fiscal Marcelo Sosa, de La Paz, acusó a Costas de desacato, el mismo delito por el cual el vicepresidente Álvaro García planteó la semana pasada enjuiciar al gobernador que lo había acusado, hasta ahora sin pruebas, de haber recibido dinero del narcotráfico.

"El gobernador Costas ha cometido el delito de desacato al difamar al fiscal Sosa de manera pública, a través de los medios de comunicación", dijo a reporteros el abogado Moisés Ponce, tras presentar a nombre del fiscal la denuncia formal ante la fiscalía.

"Como es de conocimiento público, Rubén Costas (...) señaló que el fiscal Soza es un bufón del Gobierno, además indicó otros adjetivos calificativos que por respeto a la autoridad y medios de comunicación no puedo difundirlos todavía", agregó.

Según una ley puesta recientemente en vigencia por el presidente indígena Evo Morales, el gobernador cruceño será suspendido si cualquiera de las dos denuncias deriva en una acusación formal de la fiscalía.

Esto dejaría a la dispersa oposición conservadora sin una de sus figuras más destacadas, en momentos en que la Asamblea Plurinacional, de mayoría oficialista, se dispone a aprobar una Ley de Autonomías cuyo texto ha sido rechazado por Costas y otros gobernadores opositores.

El fiscal Sosa ha sido blanco frecuente de críticas de líderes políticos y empresariales conservadores de Santa Cruz, el distrito más grande del país, por dirigir desde hace más de un año una investigación sobre un presunto movimiento terrorista-separatista en ese departamento.

Un hermano del gobernador Costas figura en una larga lista de personalidades cruceñas convocadas por Sosa a declarar sobre sus vínculos con una supuesta banda de mercenarios europeos desarticulada en abril de 2009.

Fuentes próximas a Costas dijeron que el prefecto restaba importancia a la denuncia del fiscal.

"Esta es una muestra más de la locura a la que nos está llevando el autoritarismo del Gobierno y el mal manejo de la justicia, que contra el derecho a la opinión usa una figura arcaica de desacato que corresponde a las dictaduras", dijo a radio Erbol Oscar Ortiz, ex presidente del Senado y actual asesor de Costas.

Entretanto, el vicepresidente García dijo que esperaba que la fiscalía tramite "sin privilegios ni demoras" el juicio que plantó contra el gobernador cruceño.

Costas, quien como prefecto de Santa Cruz encabezó en los cuatro años pasados violentas protestas y hasta un supuesto intento de golpe contra Morales, es uno de los tres gobernadores opositores electos en abril, cuando Bolivia entró a un régimen de autonomías. Los otros seis son oficialistas.