La marcha de indígenas amazónicos podría encontrarse con otra columna de indígenas altiplánicos, que partió este miércoles mañana desde la ciudad vecina de El Alto con el objeto de defender al mandatario y a su llamado "proceso de cambio".

La Paz. La policía de Bolivia levantó este miércoles un motín de casi seis días dando cierto alivio al gobierno del presidente Evo Morales, pero la tensión social y política persistía a causa del inminente arribo a La Paz de marchas indígenas a favor y en contra del mandatario.

El abierto desafío de suboficiales y policías rasos, que Morales vinculó a una supuesta conspiración opositora, se sumó a las crecientes dificultades que el líder indígena izquierdista ha enfrentado en el último año para controlar a los llamados movimientos sociales, base de su soporte político.

Las primeras patrullas policiales en casi una semana fueron vistas a partir de las 6.00 hora local (1000 GMT) en las calles de La Paz, a las que se espera arribe más tarde una marcha de indígenas amazónicos opositores, un nuevo problema para Morales cuando está por cumplir la mitad de su segundo mandato de cinco años.

La marcha podría encontrarse con otra columna de indígenas altiplánicos, que partió en la mañana desde la ciudad vecina de El Alto con el objeto de defender al mandatario y a su llamado "proceso de cambio".

Este grupo étnico mayoritario y hasta ahora leal a Morales anunció que montaría una "vigilia masiva" en una plaza céntrica, contra el movimiento de los amazónicos, minoritario pero con gran protagonismo político.

El ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, aseguró que los servicios policiales "se van normalizando paulatinamente en todo el país" y dijo en conferencia de prensa que las actuales autoridades no eran responsables del estallido del conflicto.

"Nos ha tocado heredar una acumulación de tensiones, de malestar, de conflictos y requerimientos que se los atendió haciendo un esfuerzo extraordinario", dijo, en referencia al congelamiento salarial que sufrieron los policías en años anteriores a la gestión de Morales.

El convenio que puso fin a la protesta fue firmado en la madrugada del miércoles por los líderes de la protesta, de un lado, y ministros y jefes policiales, del otro.

El acuerdo reemplazó a otro al que se arribó el domingo, que había sido rechazado por la mayoría de los rebeldes, quienes se habían tomado gran parte de los cuarteles y oficinas policiales del país.

Además de incrementar el salario mínimo policial a un monto equivalente a unos 300 dólares, el acuerdo deja sin efecto un drástico reglamento interno hasta que sea aprobado uno nuevo con participación de los policías de base.

Romero dijo que, en promedio, el aumento salarial concedido a los policías de base era de un 20%, 13 puntos porcentuales por encima de la inflación del año pasado.

Seguidilla de conflictos. El motín, que incluyó violentas marchas callejeras y hasta una golpiza policial a seguidores de Morales, estalló a fines de la semana pasada tras un conflicto de 20 días que enfrentó a mineros asalariados y cooperativistas, ambos aliados de Morales, por el control de un mina de estaño y zinc del grupo suizo Glencore.

Morales superó la controversia decretando la "nacionalización" o reversión al Estado del yacimiento, aunque preservando un sector para los cooperativistas.

Todo esto sucedía mientras otro movimiento social, constituido por pueblos indígenas amazónicos, acumulaba dos meses de caminata rumbo a La Paz -la segunda protesta de este tipo en menos de un año- en rechazo a un proyecto de carretera que atravesaría el parque nacional Tipnis.

Los indígenas, aunque visiblemente divididos y en menor número que el año pasado, iniciaron en la mañana del miércoles su ingreso a La Paz tras una caminata de 600 kilómetros.

El gobierno anuló el proyecto carretero del Tipnis, de US$420 millones y que debía financiar Brasil, pero esto no logró frenar la protesta, que ha sido apoyada por diversos sectores opositores.