Desde este lunes en la madrugada, minibuses, buses y micros del transporte sindicalizado, sin placas o con la matrícula cubierta, en franca violación del Código de Tránsito, bloquearon 30 puntos estratégicos de la ciudad, paralizando el tráfico vehicular.

Los choferes de La Paz, que libran una batalla contra la aplicación de la Ley Municipal del Transporte y Tránsito Urbano, obligaron a millares de moradores de la urbe —estudiante, trabajadores y comerciantes— a desplazarse a pie.

La medida se cumplió con excesos y se impidió el libre tránsito de los vehículos particulares, pero la Policía no intervino, a diferencia de lo que pasó con las movilizaciones protagonizadas por médicos, estudiantes universitarios y trabajadores en salud.

Los choferes cumplen un paro de 48 horas —con el apoyo de sólo cinco federaciones departamentales— contra la ley edil, de la que observan 10 artículos, aunque los tres puntos capitales son: la supuesta doble sanción, la implementación del transporte masivo (que dicen relocalizará a sus afiliados) y el control social que ejercerán las juntas vecinales.

El bloqueo continuaba anoche, y en algunos puntos como en la Plaza del Estudiante o en la calle Bueno, La Razón comprobó que los transportistas habían comenzado a consumir bebidas alcohólicas dentro de sus coches.

Bloqueados. La contundencia de la medida obligó a las 08.45 al gobierno nacional a suspender las labores escolares en las ciudades de La Paz y El Alto, y a dar tolerancia en el ingreso a los trabajadores, además de declarar horario continuo. La medida fue comunicada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Estamos conscientes de que no hay condiciones normales para acceder a las unidades educativas y fuentes laborales”, dijo.

Anoche, y tras la decisión de los choferes de mantener las calles y avenidas bloqueadas durante las 48 horas del paro, Basilio Mamani, director distrital de Educación, informó que las suspensión de actividades escolares se extenderá a esta jornada en las dos ciudades. Durante la jornada se registraron excesos como la rotura de parabrisas, el pinchado de llantas y chicotazos contra los choferes que no acataban la medida en la 21 de Calacoto, en las plazas del Maestro y Villarroel, Plan Autopista, plaza Triangular, en la autopista y en Achachicala.

Los abusos alcanzaron incluso a particulares. La Razón recibió denuncias de que en el Plan Autopista, bajo amenaza de ser apedreados, éstos eran obligados a pagar para pasar.

Los conductores también evitaron la circulación de las ambulancias, pese al compromiso del ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte de La Paz, René Vargas, de que la protesta sería pacífica y de las garantías que dio para la libre circulación. El comandante departamental de la Policia, coronel Alberto Aracena, se limitó a informar que registraría las placas de los coches que bloqueaban vías “para llevarlos al fiscal de materia”.

Respecto a la actuación de la Policía, el alcalde Luis Revilla dijo que se esperaba una acción más enérgica, porque se cometieron infracciones y contravenciones. “Este accionar de la Policía no está precautelando los intereses de La Paz”, señaló. Vargas y el ejecutivo la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP), Gonzalo Millares, pidieron disculpas a la población, pero decidieron mantener los bloqueos las 48 horas. Mañana habrá un ampliado donde “no se descarta asumir la huelga de hambre y el paro indefinido”, dijo Millares.

Bloqueadores desconocen por qué están movilizados. ¿A qué artículos de la ley edil del transporte se oponen? ¿Por qué están bloqueando? Ninguna de la decena de respuestas que obtuvieron periodistas se aproxima siquiera a las que arguye la dirigencia del transporte sindicalizado (supuesta doble sanción, transporte masivo y control social).

“La ley es mala y nos perjudica”, dice un conductor afiliado al Sindicato Simón Bolívar, encargado de cortar el paso en la plaza Uyuni (Miraflores). “No es toda la ley, habían creo 10 artículos”, interrumpe otro, quien consultado sobre qué artículos, responde con un sincero “no sé”. Confusión. En el cruce Pasoskanky-Brasil, también en Miraflores, un conductor responde que la protesta es “en contra de todas las leyes que ha sacado el Alcalde (de La Paz, Luis Revilla).

“No tenemos órdenes para hacer declaraciones”, dice otro para salir del apuro. Allí mismo, un tercero afirma que la oposición es a los artículos 85 y 108, “pero no sé lo que dicen”, añade. El primero hace referencia a las escuelas de conducción y el segundo a la conmutación de la multa por servicio comunitario. Los del Sindicato Litoral, en la 21 de Calacoto, sostienen que la movilización es por el aumento de las tarifas.