La institución estableció en un comunicado su posición sobre la demanda interpuesta por la Procuraduría por la comisión de los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos en un reportaje de La Razón de Bolivia.

La Defensoría del Pueblo advirtió hoy de riesgos a las libertades de prensa, expresión e información en la denuncia interpuesta por la Procuraduría del Estado en contra del periódico La Razón y la decisión judicial de exigir el levantamiento del secreto de imprenta en un reportaje del suplemento Animal Político sobre el mar. Anunció que hará seguimiento del caso para precautelar que los derechos expuestos no sean vulnerados.

La institución estableció en un comunicado de seis puntos su posición sobre la demanda interpuesta por la Procuraduría, bajo administración de Héctor Arce, el 22 de abril por la comisión de los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos en el reportaje titulado “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, publicado el 13 de abril.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros, establecen que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de ‘investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’ y que las restricciones a este derechos deben estar expresamente fijadas por la ley”, establece la institución.

Los denunciados son el periodista Ricardo Aguilar y la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los delitos de espionaje, revelación de secretos y complicidad. Ayer se conoció que el juez 11° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, ordenó al periodista de La Razón el “levantamiento del secreto de fuente” o revelar el nombre de la fuente que facilitó datos para la redacción del reportaje.

La Razón expresó el miércoles su posición en un comunicado, en el que afirmó que el reportaje fue “procesado de manera lícita, bajo nuestros códigos de imprenta y de ética, sin violar norma alguna”. Añadió que apelará a su derecho a la defensa en el marco de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, “especialmente en referencia a la inviolabilidad” del secreto de imprenta.

La Defensoría recordó también que la Constitución, en su artículo 106, determina que el “Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

“En su artículo 107 establece que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, refiere el comunicado.

La Defensoría consideró que la denuncia interpuesta por la Procuraduría debió ser tratada, en primer término, a través de la Ley de Imprenta como señala la Constitución y que, si se establece que se ha cometido un delito de orden público, recién debería ser procesada en la vía ordinaría.

“Alertamos el riesgo que implica para los derechos enunciados, que un Juez de Instrucción en primera instancia disponga, sin haber escuchado a las partes, el levantamiento del secreto de la fuente, figura establecida con claridad en la Ley de Imprenta, y que se constituye en uno de los mecanismos más preciados para el ejercicio de la libertad de prensa y por lo tanto para el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información pública”, advirtió el Defensor del Pueblo.