No se trata de legalizar el trabajo infantil, sino de proteger a los niños que tienen que trabajar: Bolivia defiende en Bruselas su ley 548, mientras espera que la OIT se pronuncie sobre ella.

Bolivia defiende en Bruselas su ley que permite a niños y adolescentes trabajar a partir de los diez años. Aunque el comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aún no se ha pronunciado al respecto, las dudas en cuanto al respeto de Bolivia por los derechos de los niños están en el aire en la Eurocámara desde el verano.

Los que se oponen a la ley ven en ella una legalización del trabajo temprano, un incumplimiento del país andino de las convenciones internacionales y un intento de bajar estándares en vez de aplicarlos.

No obstante, la Unicef y organizaciones europeas de la sociedad civil apoyan la innovadora ley; sobre todo porque permite una mirada realista para visibilizar lo que la prohibición no ha logrado erradicar. En la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, expertos internacionales y el embajador de Bolivia, René Fernández, defendieron la ley.

Diferenciar en vez de prohibir. “Creemos que en Bolivia hay en este momento casi un millón de niños trabajadores entre cinco y 17 años. Eso es más que en años anteriores y sabemos que tiene que ver con la pobreza”, explica Manfred Liebel, catedrático de la Academia Internacional para Pedagogía Innovativa, de la Universidad Libre de Berlín.

En Bolivia, como en otros países de América Latina –en donde según la OIT trabajan 13 millones de menores-, la prohibición no sólo no ha dado frutos, sino que tiene el efecto negativo de que los menores siguen trabajando sin protección y se los criminaliza a ellos y a sus padres.

La nueva ley, en vigor desde agosto de 2014, permite laborar entre los diez y 14 años bajo condiciones especiales. Entre los diez y los doce, de manera independiente; a partir de los doce de manera dependiente. Para todos los trabajos, entre los diez y los 18 años, la voluntad del menor deberá ser tenida en cuenta.

"Para nosotros no se trata de legalizar el derecho de los niños a trabajar, sino de proteger a los niños mientras trabajan", explicaba en un debate con organizaciones europeas Marcoluigi Corsi, representante de Unicef en Bolivia.

Ir a la causa misma. “Debido a que erradicar el trabajo de menores no es posible por el momento, queremos acompañar a Bolivia en este proyecto mientras toma las medidas y crea las estructuras para erradicar las causas que llevan a que los menores tengan que ayudar a sus familias”, agrega el especialista de Unicef.

Se trata de visibilizar el fenómeno para estudiarlo, para exigir que el trabajo infantil sea remunerado como el de un adulto, para regular sus horas de trabajo, para que tengan protección social y para asegurar su educación. “De no ser así estaríamos creando más inequidad y permitiendo que otros niños caigan en la trampa”, explica Corsi a DW. La media de escolarización en el país andino es de nueve años, de los varones en zona urbana de 15, pero de una niña indígena en zona rural de 3,2.

Diferencias culturales, soluciones específicas. Por otro lado, explica a DW Liebel, “en Bolivia existen tradiciones culturales especiales según las cuales los niños, a muy temprana edad, se integran en la responsabilidad de la familia o de la comunidad. De eso se puede aprender. Por eso se necesitan soluciones diferenciadas como en esta ley, según la cual se puede acometer las condiciones en las que trabajan los niños, que pueden ser benéficas como dañinas”.

El catedrático alemán que investiga el fenómeno desde hace 35 años en América Latina, en África y Asia ve en los mecanismos de control que prevé la ley una herramienta valiosa para enfrentar el fenómeno, también en otros países, en donde la prohibición invisibiliza trabajo infantil a veces en condiciones de esclavitud.

“Es un ejemplo”, concluye, “de cómo, de los acuerdos internacionales –que son regulaciones generales- se pueden desarrollar reglas que sean válidas para un país específico. La ley boliviana no se puede copiar para otros países, pero es un ejemplo de que se puede intentar encontrar soluciones específicas para un país”.

Con respecto a si la ley contraviene las convenciones suscritas –lo que pondría en falta a Bolivia ante la comunidad internacional- Leibl contesta: “No, no está en contra de la convención de la OIT. Es un compromiso político que intenta cumplir con las regulaciones internacionales”. Para febrero de 2015 se espera que la OIT se pronuncie al respecto.