La discusión sobre el tema surgió frente a los feminicidios, pero la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo que "Bolivia no está preparada para la pena capital".

La pena de muerte para el feminicidio no pasa de ser una propuesta al calor de la indignación provocada por el asesinato de mujeres, pues luego de hacer un profundo análisis, la ministra de Justicia,  Sandra Gutiérrez descartó esta iniciativa porque dijo que "Bolivia no está preparada para la pena capital".

"En el país aún no estamos preparados para la pena de muerte, nos falta muchísimo, empezando por los recursos humanos, infraestructura.

"Debemos tener la tecnología para verificar si a la persona que inculpamos es la autora del delito y no equivocarnos", evaluó la ministra al referirse al respaldo que manifestó a la posibilidad de implementar esta condena máxima en Bolivia.

Según Gutiérrez, el respaldo que manifestó a la pena de muerte para los feminicidios lo hizo de manera "muy personal", y no comprometió al gobierno ni al ministerio de Justicia que preside.

A decir de la autoridad gubernamental, para implementar la pena capital es necesario efectuar un profundo estudio de los pros y contras, además de cambios constitucionales y tratados, lo que implica un perfil complejo.

A diferencia de Estados Unidos, donde en varios estados está vigente la pena de muerte, además de la cadena perpetua, es viable esta figura porque poseen la capacidad humana, científica y tecnológica para encarar estos casos.

En cambio, dijo que el Ministerio Público carece de las herramientas necesarias.

La ministra de Justicia había manifestado su acuerdo con la pena de muerte en contra de los asesinos de mujeres.

Estas declaraciones se realizaron en medio de la indignación que provocó en la población cruceña y nacional el asesinato de Sophia Calvo, de 26 años, a manos del guardia de seguridad de un estacionamiento de vehículos.

Para la ministra Gutiérrez, una alternativa puede ser la cadena perpetua, aunque también dijo que se precisa de un estudio amplio para implementar esta figura sancionatoria en el ordenamiento judicial.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, se sumó a las voces indignadas por la ola de asesinatos a féminas, y pidió a las autoridades gubernamentales asumir acciones para combatir los hechos de violencia contra ellas.

Isabel Endara, psicóloga, afirmó que la falta de autoridad y la falta de valores están generando problemas de violencia en el país, y fundamentalmente contra los más vulnerables (niños, mujeres y ancianos).

"Se puede trabajar psicológicamente a través de la familia, es decir, impartiendo los valores necesarios", sostuvo.

Advirtió que si no se trabaja en la familia y en los valores, la delincuencia se incrementará y la sociedad se desintegrará.

Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), de enero a la fecha se registraron 98 asesinatos de mujeres en Bolivia.

Bolivia es el primer país de la región donde se ejerce más violencia contra las mujeres en general, y el segundo país en violencia sexual, dijo Marisol Murillo, especialista en Comunicación e Incidencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

"Son datos alarmantes basados en informes del Centro de Información y Desarrollo de la Mujeres (Cidem). Bolivia ocupó el primer lugar de violencia hacia la mujer y segundo en violencia sexual.

"Lo preocupante es que en el país todavía se está trabajando en un sistema de registro oficial de los datos de violencia contra las mujeres. Se maneja ese informe que seguramente se deberá actualizar", afirmó la representante del organismo internacional.

No la consideran viable. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge Isaac von Borries Méndez, declaró que la pena de muerte y otro tipo de sanciones drásticas como la castración para delincuentes peligrosos no son viables en Bolivia.

Las autoridades judiciales y asambleístas hacen una interpretación respecto del tema, y aseguran que para imponer pena de muerte, es necesario abrir la Constitución Política del Estado, ya que en el país la pena máxima es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Además, consideran que se debe renunciar a los acuerdos internacionales a los que se sumó Bolivia.

"La pena de muerte es un extremo que no está contemplado en la Constitución y, además, hay tratados internacionales a los que Bolivia se sumó; por tanto, por el momento no es viable", afirmó la diputada oficialista Marianela Paco.

La ministra Gutiérrez coincidió con esta apreciación, al ratificar que la Carta Magna no permite la pena capital, e insistió en que este extremo necesitaría un "gran estudio".

Asimismo, señaló que se debe velar por el respeto a los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida.

A decir del titular del TSJ, la inviabilidad de la pena capital se justifica por los riesgos y consecuencias que trae, considerando que pueden pasar muchos años de investigación por asesinatos, y que se podría sancionar por algo que no habría cometido.

En tanto, la legisladora Paco consideró oportuna la implementación de una política criminal preventiva y educativa en Bolivia.

Propuso que en el proceso de formación de los niños y niñas se incluya a psicólogos y psiquiatras para identificar y subsanar a los menores que tuvieran tendencia a delinquir en el futuro.

A raíz de esta ola de violencia, los políticos manifestaron varias propuestas para reducir el índice de criminalidad en el país, como instalaciones de oficinas de policía comunitaria, pena de muerte y cadena perpetua.

Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelino Elio, anunció que presentará un proyecto para someter a los reos a trabajos forzados