Mario Cossío -quien fue acusado por una compra irregular de asfalto, que causó daño económico al Estado- debía asistir a una audiencia de medidas cautelares, pero no se presentó en el juzgado.

La Paz. El suspendido gobernador de la provincia boliviana de Tarija, Mario Cossío, habría burlado la vigilancia policial y huido a Paraguay, mientras que su ex hombre de confianza y ex prefecto, Mauricio Lea Plaza, fue detenido por denuncias de corrupción y hoy la justicia decidirá si lo envía o no a la cárcel.

Desde el 15 de diciembre, fecha en la que la Asamblea Legislativa lo suspendió de su cargo, la autoridad reapareció una sola vez, en una entrevista televisiva. Ayer debía asistir a una audiencia de medidas cautelares, pero no se presentó en el juzgado.

Cossío fue acusado por la irregular compra de asfalto, con un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos (US$181 mil) . En la audiencia, su hija, Silvana Cossío Tórrez, presentó un memorial a través del cual informó que su padre estaría fuera de Tarija, por lo que no acudió a la cita judicial.

“Al parecer ya no se encuentra en la ciudad”, indicó el fiscal del caso, Gilbert Muñoz, mientras que un reporte de Erbol dio cuenta de que la suspendida autoridad habría abandonado el país con rumbo a Paraguay, burlando la vigilancia policial.

La Policía reforzó la vigilancia en torno a la casa de la autoridad y recibió instrucciones de la Fiscalía para estar alertas en los puestos de control fronterizo. El comandante de la Policía en Tarija, coronel Óscar Chávez, reconoció que no se conoce con exactitud el paradero del acusado y afirmó que se investigan los rumores de que se encontraría en Paraguay.

Mientras tanto, la Policía ejecutó, entre la tarde de este miércoles y la mañana de este jueves, órdenes de apremio fiscal contra ex autoridades de la ex prefectura, entre ellas el ex prefecto Lea Plaza, quien fue detenido en la puerta de su domicilio a las 6.30.

Lea Plaza, quien fue prefecto y secretario general en la gestión del prefecto Cossío, es acusado por irregularidades en la firma de tres contratos para la construcción de la presa El Molino. El daño económico al Estado sería de ocho millones de bolivianos.

Después de tomar declaraciones a la ex autoridad, la Fiscalía lo imputó por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, complicidad en enriquecimiento ilícito y uso de instrumento falsificado.

Marcos Arce, fiscal del caso, sostuvo que además se procedió a la aprehensión de Bernardo Antezana, Jacob de la Cruz (fiscales de obra de la Gobernación), Carlos Castrillo y Lourdes Hinojosa (funcionarios de la empresa supervisora de la obra MTCV Consultoras). Los cinco detenidos serán llevados hoy a una audiencia cautelar, donde se definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel.

También se indagará la participación en el caso de la presa de Cossío y de Rubén Ardaya, ex secretario ejecutivo de la Gobernación (2010).

“Durante la gestión 2007, Lea Plaza, por delegación del prefecto, firmó un contrato para la presa El Molino; éste sufre una modificación, se altera el objeto de la obra y se cambia la presa de hormigón compactado a arcilla compacta. Luego se firma un contrato modificatorio de precios y otro donde quedan sin efecto todas las modificaciones a la estructura”, explicó a La Razón el fiscal Arce.

El secretario ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, afirmó que esa obra debió entregarse en abril. “La obra tiene un 50% de retraso”.

La presa el Molino en Tarija. El proyecto se inició el 19 de julio de 2007. Su ejecución se confió a la Asociación Accidental Consorcio Tarija con una inversión de 70 millones de bolivianos (US$10,2 millones). La presa está ubicada en el cantón Iscayachi, municipio de El Puente. Su uso será para riego.

Costas dice que son los días más aciagos de la dictadura.

Luego de la detención de cinco ex autoridades de Tarija, entre ellas el ex prefecto Mauricio Lea Plaza, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que se viven “los días más aciagos de la dictadura”, en alusión al gobierno del presidente Evo Morales.

La Policía detuvo, entre el miércoles y jueves, a cinco ex autoridades de la ex prefectura de Tarija por un proceso iniciado a denuncia de irregularidades en la construcción y la firma del contrato para la represa El Molino. El daño económico ascendería a ocho millones de bolivianos (US$1,17 millones).

“Definitivamente estamos viviendo los días más aciagos de esta dictadura. No nos van a doblegar, no nos van a hacer hincar, no vamos a negociar nunca, nunca vamos a renunciar a nuestros principios y a nuestros actos”, aseguró el gobernador cruceño.

Mientras tanto, la justicia falló en contra de la recusación presentada contra dos jueces por el suspendido gobernador Mario Cossío. La decisión judicial dio paso a la instalación de la audiencia de medidas cautelares contra Cossío, acusado de un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos.

Costas cuestionó el accionar del gobierno de Morales e insistentemente denunció la existencia de una persecución política contra la oposición.

Cossío pierde primera batalla legal. El Tribunal del municipio de Entre Ríos, en Tarija, rechazó este jueves la recusación del suspendido gobernador Mario Cossío contra dos jueces técnicos y dio paso a la audiencia de medidas cautelares, que el lunes definirá la detención o libertad de la autoridad.

La información la proporcionó el fiscal del caso, Gilbert Muñoz, quien adelantó que en la audiencia se requerirá un mandamiento de apremio contra el suspendido gobernador, si éste opta por no presentarse a la cita judicial.

Cossío no asistió ayer a la audiencia fijada por el Tribunal de Entre Ríos. Su hija, Silvana Cossío Tórrez, presentó un memorial, a través del cual informó que no era posible la presencia de su padre por problemas personales, ya que se encuentra fuera de Tarija.

El memorial fue rechazado por el Tribunal por contener vicios procedimentales. “Una persona no puede actuar a través de apoderados”, explicó Muñoz.

La Asamblea Legislativa de Tarija suspendió de su cargo al Gobernador el 15 de diciembre, en atención al pedido del fiscal Muñoz, quien imputó a Cossío por la irregular compra de asfalto y un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos, en el caso conocido como Imbolsur.

El acusado negó las denuncias en su contra y las atribuyó a una estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) para tomar el control de la Gobernación.

Además de Cossío, están acusados el ex asesor legal de la Gobernación, Alejandro Roda, y el representante legal de Imbolsur, Félix Cardozo, quienes enfrentan los cargos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

“La Fiscalía va a esperar hasta el lunes para determinar si se emite el mandamiento de aprehensión, porque no hay otro recurso legal que presentar”, explicó. El Tribunal de Entre Ríos fijó, además, contra Cossío una multa de 200 bolivianos por errores procedimentales en el recurso de recusación que presentó.