El ministerio de Transparencia solicitó formalmente investigar a la comisaria del evento por su presunta responsabilidad en los delitos de “uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes”.

La Paz. El ministerio de Transparencia Institucional encontró irregularidades en el stand boliviano en la Expo Shanghái 2010 y presentó ante la Fiscalía una denuncia formal en contra de la comisaria, Bernardette Calvimonte, por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

El 18 de agosto, La Razón informó de que la Asociación de Productores Arte Andino y productores de la provincia Sud Yungas denunciaron irregularidades en el manejo del stand que Bolivia ocupa en la Expo Shanghái (China).

Transparencia Institucional solicitó formalmente este lunes al Ministerio Público investigar a la comisaria del evento y funcionaria de la Cancillería, María Bernardette Calvimonte Medinaceli, por ser presunta responsable de los delitos de “uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes” en la administración del pabellón donde se comercializan productos bolivianos, afirmó la ministra del ramo, Nardy Suxo.

La Razón intentó comunicarse reiteradamente con Calvimonte, pero la funcionaria dejó su celular en manos de terceras personas, que informaron que se encontraba en Santa Cruz.

El objetivo de la participación de Bolivia en la Expo Shanghái era potenciar el trabajo de los productores artesanos. Para tal efecto se suscribieron dos acuerdos en calidad de donación.

El primer convenio fue firmado con la administración de la Expo Shanghái por un monto de US$650.000, para la construcción del pabellón; el segundo se estableció con la empresa Goldbase Technology Ltda y su socia en Bolivia, Corporación de Recursos Americanos Ltda, por una cantidad de US$500.000, efectivizados a través de la entrega de productos de promoción: registros audiovisuales, gigantografías, producción de videos en La Paz, Oruro, el Salar de Uyuni y otros lugares turísticos.

“Aunque la mayor parte de ese monto (US$1,15 millones) era para la construcción del pabellón Bolivia, hasta la fecha (Calvimonte) no ha rendido cuentas del mismo”, indicó Suxo. El 19 de agosto, la funcionaria declaró a este medio que la construcción del pabellón tuvo un costo de “US$639 mil” que fueron cubiertos por la donación de US$650.000 otorgados por la administración del evento.

Los ingresos obtenidos por la venta de los productos se utilizan para cubrir los gastos de almacenaje, impuestos de ley, importación y exportación. Existe, dijo, un “déficit temporal” en el stand que se espera se supere con los ingresos de agosto y en caso de existir utilidades, una vez concluido el evento, “los productores y la Cancillería decidirán el destino de esos fondos”, agregó.

En lo que se refiere al delito de uso indebido de influencias, “los hijos de Calvimonte habrían sido contratados por ella misma para trabajar dentro del pabellón Bolivia (lo cual es) algo totalmente irregular”, resaltó Suxo. La autoridad indicó que solicitó también a la Fiscalía celeridad y la “toma de acciones inmediatas” en la investigación, puesto que la Expo Shanghái finalizará el 31 de octubre.

Firmaron contratos prohibidos. El Ministerio de Transparencia Institucional informó de que otra de las irregularidades que cometió la organización del stand boliviano en la Expo Shanghái fue la suscripción de contratos “con personas que tienen sentencias” por actos de corrupción, como es el caso del contrato con Jorge Sánchez Peña, quien habría sido sentenciado en el caso Chito Valle.

Denuncian venta irregular de cerveza en stand del país. La Asociación de Productores Arte Andino denunció irregularidades en la comercialización de cerveza en el stand boliviano de la Expo Shanghái 2010, ya que la venta del producto incluye a grandes empresas como la CBN y no así a los pequeños productores, como era el objetivo inicial del evento.

El gerente de Asuntos Institucionales de la CBN, Ibo Blazicevic, aclaró que la empresa “no tiene ninguna relación con la Expo Shanghái” e informó que sólo se realizó una venta local por un pedido, efectuado por uno de sus accionistas, que no llega a los US$100.000 y no así de US$3 millones, como indica la denuncia. La iniciativa es privada y depende del accionista Jorge Sánchez, agregó.