El ex mandatario aclaró que en su gobierno solo se activó la adjudicación y la firma de contratos correspondientes con la firma brasileña, pero la adjudicación del tramo El Carmen-Arroyo Concepción la hizo su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé.
La Paz. El expresidente Carlos Mesa aclaró este lunes que los contratos con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción “no entraron en vigencia” durante su gestión por carencia de contraparte presupuestaria, sino en la de su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien adjudicó esa obra y el tramo Roboré-El Carmen a consorcios brasileros.
“Fue el gobierno que nos sucedió el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes”, escribió el exmandatario (2003-2005) en una publicación divulgada en su página de internet https://carlosdmesa.com sobre el proceso de contratación de dos tramos de la ruta Santa Cruz - Puerto Suárez.
“Por todo lo expuesto, queda claro que en mi gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia”, había precisado como conclusión a una serie de apuntes en los que Mesa detalla ese proceso.
Hace tres días, el diario cruceño El Deber, con base en documentación del Ministerio de Justicia de Brasil, publicó que el caso de los grandes sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones conocido como Odebrecht o Lava Jato (lavado de autos) salpicó a Bolivia, además de otros seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
Menciona el caso de la operación Castillo de Arena, donde Pietro Giavina Bianchi, exdirector y consultor de la constructora Camargo Correa, da detalles del destino del dinero (se presume que eran sobornos) para diversas obras y aparece el nombre de Bolivia en siete oportunidades.
Con el fin de “garantizar” la ejecución de los dos tramos citados, su gobierno —dijo Mesa— emitió cuatro Decretos Supremos (27693, 27794, 27982 y 27997) que validó, entre otros aspectos, que la obra se llevaría a cabo “con financiamiento del 80% provisto por las empresas proponentes y el 20% que debía ser gestionado por el Ministerio de Hacienda” y autoriza al extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) a proceder con la licitación.
Mesa contó que “a partir de diversas gestiones directas, habíamos conseguido el compromiso del gobierno de Brasil para financiar, con los créditos PROEX, la construcción de las obras” y así “el 27 de enero y el 14 de marzo de 2005, el SNC firmó los contratos para la construcción de los tramo Roboré-El Carmen, con el consorcio ARG-Camargo Correa; y el contrato para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción con el consorcio IASA-Odebrecht, respectivamente”.
El PROEX era el denominado Programa de Apoyo a las Exportaciones del Baco do Brasil al que el gobierno boliviano acudió para financiar proyectos carreteros con créditos blandos.
Según el expresidente, “ambos contratos contaban con el 80% del financiamiento del PROEX, pero no del 20% de aporte local”, motivo por el cual se incluyó “una cláusula de condición suspensiva” que impedía la ejecución del proyecto en tanto no se consigne esos recursos.
“Debido a la grave situación económica del Estado, durante los siguientes cuatro meses de mi gestión, no fue posible conseguir el financiamiento para cumplir con la parte de los recursos, razón por la que los citados contratos no entraron en vigencia”, aclaró el también vocero da la demanda marítima boliviana que reside en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El presidente Evo Morales anunció este lunes que decidió solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la conformación de una comisión mixta para que investigue si las irregularidades del denominado caso Odedrecht llegaron Bolivia.
Mesa expreso al respeto que “respaldo plenamente la decisión de llevar adelante una amplia y profunda investigación sobre este tema por las instancias jurisdiccionales que correspondan, para que se esclarezca cualquier duda respecto a las denuncias de corrupción difundidas en medios internacionales, que pudieran tener relación con las obras aludidas”.