La Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia investigan lo sucedido. El Gobierno forma comisión para establecer responsabilidades
La Fiscalía requirió informes a la Policía sobre el operativo de intervención del domingo 25 en Yucumo, Beni, en el que fueron sometidos a golpes, maniatados y amordazados con cinta adhesiva indígenas que marchan rumbo a la ciudad de La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El requerimiento lo hizo el fiscal Marco Antonio Vargas, quien investiga la denuncia presentada por el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, sobre los hechos de violencia contra los indígenas, por delitos como genocidio y tortura.
En la denuncia están incluidos el exministro de Gobierno Sacha Llorenti; el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán; el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban; el subcomandante, general Óscar Núñez; el inspector general, general Edwin Foronda, y el coronel Víctor Santos.
Vargas informó que convocarán a declarar a las personas denunciadas. “De acuerdo al avance de las investigaciones y de la recolección de elementos de convicción, se va a llamar a declarar (a los involucrados)”.
La Policía no hizo conocer su posición sobre la intervención a la marcha indígena. El presidente Evo Morales informó el lunes que no hubo orden política para el operativo y que policías opositores a su gobierno pretenden dañar su imagen con lo sucedido el domingo en Yucumo.
El director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, estuvo en plena intervención policial, revelaron imágenes de Tv difundidas sobre lo sucedido. “La autoridad correspondiente va a dar una conferencia de prensa más tarde”, señaló Villegas ese día.
Los indígenas marchan para evitar que la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por el TIPNIS. Vargas informó que Del Granado deberá declarar sobre su denuncia a las 10.00 del lunes.
La Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia también investigan los hechos. El Gobierno perfila formar una comisión de alto nivel para establecer responsabilidades. Asimismo, la Fiscalía indaga la denuncia de irregularidades en el contrato de construcción de la obra vial.
‘Cohesionada e íntegra’. El Estado Mayor de la Policía, a través de un comunicado de prensa, afirma que la institución está “cohesionada e íntegra”. La posición surge como respuesta a pronunciamientos de sectores y personas que, a nombre de los uniformados, advierten con motines de darse curso a procesos contra uniformados que participaron de la intervención a la marcha indígena.
“Se hace conocer que se mantiene la disciplina inquebrantable”, refiere el documento, en el que no se hace referencia al operativo de intervención. La Asociación Nacional de Clases y Policías de la Policía Boliviana también emitió un comunicado rechazando las declaraciones de los que se dicen interlocutores de los uniformados.
La dirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, advirtió con motines si se procesan a los policias; además denunció que el presidente Evo Morales dio la orden de intervenir la marcha.
El representante de la Asociación de ex Policías, Juan Carlos Soraide, y de la Asociación de Policías del Servicio Pasivo, Carlos Camberos, defendieron a los policías.
