Rubén Costas, procesado por la realización de un referéndum autonómico del 4 de mayo de 2008 para la provincia de Santa Cruz, planteó la derogación del artículo 162 del Código Penal, que tipifica el delito de desacato, porque considera que es contrario al principio de la libertad de expresión y atenta contra los principios de DD.HH.

Para que esta figura no siga cumpliendo con la misión de acallar a los que deseen expresarse libremente, me veo en la obligación de presentar ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, este proyecto que busca derogar el delito de desacato, para que la libertad de expresión sea un derecho y no una concesión del gobierno de turno”, aseveró la autoridad.

La propuesta es apoyada y defendida por asambleístas de la oposición que acompañaron a Costas en su presentación. No obstante, el oficialismo cree que la propuesta es un arma para defenderse de procesos en su contra.

El diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterio dijo que buscará apoyo de los parlamentarios oficialistas en la Asamblea “para aprobar la normativa propuesta por el Gobernador de Santa Cruz”.

Para el diputado Irineo Condori (MAS), presidente de la Comisión de gobierno, la propuesta de Costas sólo va en beneficio propio. “No podría aprobarse esta norma sólo para que se suspenda el juicio en su contra. Es sólo una discusión política”, protestó.

El gobernador cruceño enfrenta al menos 15 procesos judiciales en su contra, por diferentes delitos, iniciados por el vicepresidente Álvaro García, el Ministerio Anticorrupción y por el fiscal Marcelo Soza, entre otros. Costas calificó a esas acciones legales como “parte de una campaña de desestabilización política”.

Arraigo. Actualmente, Costas se encuentra con arraigo en el proceso que le inició el Órgano Ejecutivo por la realización del referéndum autonómico del 4 de mayo de 2008, por la presunta comisión del delito de malversación de fondos de alrededor de Bs 10 millones.

La autoridad regional declaró que la figura de desacato es inconstitucional, debido a que atenta contra la libertad de expresión y opinión, que —en criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— es la “piedra de toque de todas las libertades” y “una de las más sólidas garantías de la democracia moderna”.

Según Costas, el desacato, por su origen, es contrario a las declaraciones, normas y preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado y en el Pacto de San José de Costa Rica.

El senador del MAS Isaac Ávalos adelantó que no apoyará la propuesta presentada por el Gobernador cruceño porque busca un beneficio personal y no está a favor de la población.

En la lectura de Ávalos, Costas busca “salvar su pellejo con esta ley” y“lo que está proponiendo es una vergüenza, porque no es capaz de defenderse en los estrados judiciales por sus actuaciones irregulares”. “Hasta el momento, el Gobernador incumple las leyes al no asistir a los procesos, al parecer para él no sirven las normas, desafía a la justicia”, manifestó.

La diputada oficialista Betty Tejada criticó que Rubén Costas utilice normas legales en beneficio propio y desconozca otras en su favor.

“Encuentro una improvisación de una autoridad que está queriendo generalizar un hecho personalísimo. Es él el que está siendo procesado y lo menos que podemos hacer las autoridades es reconocer las leyes”, aseveró. Adelantó que el Gobernador cruceño está en su derecho de presentar cualquier proyecto de ley, en el marco de la legislación vigente.

El delito, según la norma. El artículo 162 del Código Penal define “(Desacato). El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”.

Rubén Costas tiene dos juicios por desacato, uno iniciado por el vicepresidente Álvaro García, por relacionarlo con el narcotráfico, y otro por el fiscal Marcelo Soza, por llamarlo “bufón del gobierno”.