Con base en la normativa internacional y boliviana, el gobierno aseguró que no puede otorgar un salvoconducto a Róger Pinto para concretar su solicitud de asilo en Brasil porque éste enfrenta procesos legales por delitos comunes en el país.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en conferencia de prensa, ratificó este domingo que las declaraciones del embajador de Brasil en La Paz, Marcel Biato, obedecen a una forma de “presión” hacia el gobierno nacional para acelerar el trámite del salvoconducto para el senador Pinto.

La autoridad expresó que el gobierno no puede otorgar el salvoconducto al parlamentario opositor porque éste enfrenta procesos legales en el país.

“La Constitución claramente dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la Justicia Ordinaria por causas que tienen que ver con problemas comunes o delitos comunes”, sentenció Dávila.

El ministerio Público emitió una orden de detención en contra del senador opositor por un caso en el que es acusado de corrupción en Pando.

Además, Pinto tiene en su contra al menos 20 procesos legales por desacato, difamación y corrupción. Estas demandas se encuentran en tribunales de Cobija, La Paz, Santa Cruz y Sucre.

“No cederemos ante una presión de un embajador (Marcel Biato) que en este momento está asumiendo una vocería política y no un papel de diplomático como tiene que ser. Esa es la situación en el caso del embajador, por eso hemos lamentado y deplorado sus declaraciones”, cuestionó Dávila.

Biato expresó al presidente Evo Morales el pedido de “zanjar” el tema del asilo político del legislador antes de que las relaciones bilaterales se vean afectadas por el caso. “Nuestras relaciones son muy sólidas, pero trataremos de evitar que se creen problemas que se pueden volver delicados”, expresó el lunes el diplomático. La ministra Dávila acotó que el Gobierno brasileño “ha cometido un error” al conceder asilo a Pinto.

Normas. La ministra argumentó que el Gobierno boliviano reclamó a su par brasileño que en el caso de Pinto no se respetó la normativa internacional que señala que personas que enfrentan procesos penales y con medidas legales precautorias en su contra no pueden acceder a la condición de asilado, como es el caso del opositor.

La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola reprochó la argumentación del Ejecutivo y señaló que el Gobierno de Brasil estudió la normativa internacional antes de conceder asilo político a Pinto.

“Imagínese que Brasil no conozca la normativa internacional y dé asilo a Róger Pinto; eso sería absurdo. Está claro que Brasil revisó todo para dar el asilo y el Estatuto del Refugiado no impide dar esta condición a personas con arraigo (por delitos comunes)”, explicó la asambleísta Piérola.

Dávila sostuvo que la relación Bolivia-Brasil “es óptima” y que un sector de la oposición intentó dañarla. “No tuvieron éxito y por eso las relaciones son óptimas”, dijo. La Cancillería no convocó a Biato para que brinde explicaciones sobre sus declaraciones. Empero, el diplomático, por voluntad propia, llegó ayer en la mañana al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Críticas al embajador. La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, exhortó al embajador de Brasil, Marcel Biato, a no convertir su legación diplomática en “refugio de delincuentes”, en referencia al caso del senador Róger Pinto, quien se encuentra en la embajada brasileña.

Demora en el caso Pinto no afecta la relación. La demora en la concesión de un salvoconducto al senador Róger Pinto no afectó las relaciones entre Bolivia y Brasil, señaló a la agencia oficial brasileña ABR el portavoz de la Cancillería, el embajador Tovar Nunes, según ANF. Las “quejas” de las autoridades bolivianas fueron recibidas este jueves con tranquilidad en la Cancillería brasileña, destaca la agencia de noticias ABR.

Desde Brasil, sin embargo, la revista brasileña Valor Económico sostiene que una próxima visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a Bolivia puede ser cancelada a causa del caso del senador opositor Róger Pinto. Para respaldar esta versión, Valor Económico cita una “fuente del gobierno de Rousseff”.

Según la revista, la Mandataria tiene previsto entrevistarse con el presidente Evo Morales en Bolivia el segundo semestre del año. Los dignatarios deberían entregar una obra con cooperación brasileña.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, acusó ayer al embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, de asumir “una vocería política” en el caso del senador opositor Pinto, quien se encuentra hace 54 días en la embajada brasileña (en La Paz) esperando un salvoconducto para acogerse a un asilo político que ya le fue concedido por el país vecino.