La nueva protesta pide lo contrario de otra resonante marcha el 2011, que obligó al presidente Evo Morales a dictar una ley que suspendió la construcción de la carretera de 306 kilómetros, financiada por Brasil y con un costo de US$420 millones.

La Paz. Una segunda marcha indígena llegó este lunes a La Paz, en poco más de tres meses, y reavivó un conflicto sobre una carretera en la selva de Bolivia cuya construcción fue detenida tras una protesta similar de otros grupos autóctonos, develando la división en una de las bases de apoyo del gobierno.

La nueva protesta pide lo contrario de otra resonante marcha el año pasado, que arrancó al presidente Evo Morales una ley que suspende la construcción de la carretera de 306 kilómetros, financiada por Brasil y con un costo de US$420 millones, que atravesaría la reserva conocida como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

La base de ambas marchas son los indígenas amazónicos. La primera, paralela a una campaña opositora contra una elección de jueces nacionales por voto popular, tuvo un alto costo político para el presidente socialista, quien tropezó en esos comicios con más votos en contra que a favor de los nuevos magistrados.

"Venimos a exigir que se anule esa ley que declara intangible al Tipnis, porque nos perjudica y no fue consultada con las bases", dijo Gumercindo Pradel, líder de la segunda marcha de casi un millar de personas que duró 45 días y cubrió unos 600 kilómetros, al ingresar a La Paz desde la vecina El Alto.

Pero el indígena conductor de la primera protesta del 2011, Adolfo Chávez, aseguró a la radio estatal Patria Nueva que la ley de intangibilidad del Tipnis "no será revisada de ninguna manera" y anunció que hará de inmediato una campaña a favor de esa norma entre las comunidades indígenas del parque.

Representantes de la nueva marcha ingresaron al caer la noche a Palacio de gobierno para reunirse con Morales y miembros de su gabinete con el fin de dar a conocer su pedido.

Su arribo a la ciudad de La Paz no tuvo mayores repercusiones en la población, como sucedió con la primera movilización, cuando miles de personas se volcaron a recibir a los marchistas a las calles mostrando su apoyo a la demanda de parar la construcción de la vía.

"Es una marcha sacrificada pero abandonada por los supuestos defensores de los Derechos Humanos. Yo sabré mi responsabilidad como Presidente y como Gobierno y garantizar recursos económicos para construir el camino", dijo el mandatario indígena al inicio de la reunión.

Ratificando el pedido de anular la ley de intangibilidad del parque, los dirigentes advirtieron que no retornarán a sus lugares de origen hasta que no sean totalmente atendidos por el gobierno.

Líderes de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, dijeron que buscarían un acuerdo entre los sectores indígenas para modificar la ley sancionada en octubre, que teóricamente había puesto fin al conflicto por la carretera.

"Los compañeros que ahora marchan deben presentar sus demandas orgánicamente, en el seno de la organización indígena. El gobierno nos quiere enfrentar", agregó Chávez, que la semana pasada firmó sorpresivamente un pacto con el derechista gobernador del distrito oriental de Santa Cruz, Rubén Costas.

Pradel cuestionó el liderazgo de Chávez y defendió el polémico proyecto carretero que vincularía la región cocalera de Chapare, cuna política de Morales, con las llanuras ganaderas de Beni, bastión de la oposición conservadora.

Los indígenas, organizaciones no gubernamentales y políticos opositores que se movilizaron el año pasado contra la obra, denunciaron un supuesto grave riesgo a la estabilidad ecológica del parque de 1,2 millones de hectáreas.

Pradel, coincidiendo con el gobierno, aseguró que el daño ecológico será "mínimo e insignificante en comparación con los beneficios".

Desde la promulgación de la ley de intangibilidad, el proyecto vial avanza sólo en sus tramos exteriores y está paralizado en el sector central, de 177 kilómetros, proyectado en el mismo parque Tipnis.

La carretera, cuya construcción está adjudicada a la firma brasileña OAS, es parte de un ambicioso paquete de proyectos de infraestructura vial prometido por Morales para su segundo mandato quinquenal, del cual acaba de iniciar el tercer año.