La delegación boliviana expuso una serie de evidencias que, a su parecer, indicarían que se reconoce desde Chile una deuda en el tema. Reiteró que la parte demandada no ha reconocido sus compromisos históricos de negociar.

La Haya. Con el turno de Bolivia se iniciaron este lunes los alegatos orales por la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, pasadas las 06:00 horas.

La parte demandante se extenderá hasta mañana, en el mismo horario; mientras que Chile tendrá su momento para exponer el jueves y viernes.

La delegación boliviana está encabezada por el presidente Evo Morales, quien llegó junto a su canciller, Fernando Huanacuni, y los agentes encargados de la defensa.

El abogado iraní Payam Akhavan, contextualizó la demanda, relatando que Bolivia perdió el mar tras una invasión ocurrida en 1879. Sin embargo, sostuvo que en “1923 Chile declaró que siempre estarán predispuestos a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia”.

Asimismo, añadió que “tras la Guerra del Chaco, el gobierno de Chile siguió reconociendo que existe una cuestión pendiente con Bolivia por resolver”.

Junto con ello, indicó que “la aprobación de declaración de la OEA en sentido que el acceso al mar es imprescindible para el desarrollo de un país, fue firmado por Chile".

Posteriormente, la palabra fue tomada por la abogada francesa Monique Chemillier-Gendreau, quien aseveró que “estar privado de litoral, significa para este país someterse a daños económicos catastróficos”.

Pese a que Chile ha ofrecido facilidades para la utilización de los puertos del norte, la jurista advirtió que “el régimen de libre tránsito que otorga Chile no es el adecuado”.

Chemillier-Gendreau expuso una serie de evidencias que, a su parecer, indicarían que se reconoce una deuda en el tema. “Cuando Chile declara que quiere satisfacer los deseos del estado boliviano no queda duda que existe un tema pendiente”, advirtió. Por otro lado, dijo que la posición chilena indica que “nada ha pasado”.

Tras un receso, el turno fue de Antonio Remiro Brótons, otro miembro del equipo jurídico boliviano, refiriéndose a que Chile desvía la atención de lo importante. “Por su parte, Chile simplemente crea falsos problemas de traducción (de los tratados) que apuntan más a obscurecer las aguas que a clarificar la cuestión”.

En la misma línea, explicó que “el derecho general y el derecho internacional tienen más sentido común que limitarse al hiperformalismo chileno, se supone que una parte es de buena fe cuando un representante hace una declaración o firma un acuerdo”.

Reiteró que la parte demandada no ha reconocido sus compromisos históricos de negociar.

Este proceso se inició en abril de 2013, cuando presentaron una solicitud para que la CIJ “falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacifico”. Tras ello, la instancia se declaró competente.

El gobierno de Morales asevera que a lo largo del siglo XX, Chile ofreció en diferentes momentos solucionar el tema de un acceso soberano al mar tras la Guerra del Pacífico de 1879-1883, cuando Bolivia perdió 120.000 km2 de territorio y 400 km de costa, su única salida al océano, pero que nunca cumplió.

La posición boliviana apunta a la negociación, mientras que la chilena a que no hay asuntos limítrofes pendientes.

La Paz espera reeditar el logro peruano, que se impuso en la CIJ por la definición de límites marítimos.

Lima también sigue atento el proceso boliviano-chileno, pues tiene un acuerdo firmado con Santiago en 1929 que establece que debe ser consultado si Chile decidiera ceder en algún momento a Bolivia un territorio que fue suyo antes de la guerra.