La Cancillería de Bolivia recordó que Pinto —que huyó del país el 23 de agosto de 2013— tiene varias acusaciones formales, cuatro arraigos, dos declaratorias de rebeldía y dos mandamientos de aprehensión, entre otros requerimientos.

El gobierno de Evo Morales lamentó ayer ante la administración de Dilma Rousseff la falta de una respuesta oficial respecto de las “múltiples solicitudes formales” destinadas a impedir el refugio del exsenador Róger Pinto, acusado por una serie de delitos cometidos en su gestión.

En un comunicado de prensa, la Cancillería de Bolivia enumeró la serie de acusaciones por corrupción contra el ahora refugiado, de quien dijo que tiene “una sentencia condenatoria y posible daño económico al Estado de Bs 11 millones” (US$1,5 millones). Además, recordó que Pinto —que huyó del país el 23 de agosto de 2013— tiene varias acusaciones formales, cuatro arraigos, dos declaratorias de rebeldía, dos mandamientos de aprehensión, una solicitud de “notificación roja” para su búsqueda por Interpol y trámites de extradición en curso.

Según enumeró, esos reclamos se referían a la forma cómo Pinto fue asilado en la Embajada de Brasil en La Paz antes de huir, cómo salió éste del país “en complicidad de funcionarios diplomáticos brasileños y, finalmente, la decisión del refugio.

El miércoles, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil notificó la concesión de refugio a favor de Pinto —prefecto de Pando entre 1999 y 2002— y su familia. Ayer, el político de oposición ofreció una declaración vía Skype desde Brasil para comentar sobre su condición actual. “Esta decisión de la República del Brasil demuestra ante el mundo entero que en mi patria Bolivia existe persecución política, al hecho de pensar diferente”, exclamó.

Al respecto, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, rechazó las acusaciones del exasambleísta y aseguró que en el país hay democracia y no se persigue a nadie. “Se respetaron siempre todas las posiciones políticas. No existe ningún tipo de persecución política, y en el caso de Pinto, que fugó del país, se lo acusó por delitos de corrupción y ordinarios que no tienen nada que ver con si tiene o no discrepancias con el Gobierno. El Estado garantiza todos los derechos de las personas”, sostuvo.

“Hace más de cinco años denuncié, de forma pública, que el narcotráfico habría penetrado las estructuras del Gobierno boliviano, a tal punto que ministros y principales autoridades designadas para la lucha antidrogas eran parte de este delito transnacional”, dijo Pinto. El 28 de mayo de 2012, el entonces senador de Convergencia Nacional (CN) se refugió en la Embajada de Brasil, donde estuvo hasta el 23 de agosto de 2013, cuando escapó.