El Estado andino busca contratar un consorcio jurídico internacional que lo represente frente a la controversia que mantiene con Euro Telecom International NV, tras la nacionalización de sus acciones en Entel.
La Paz. El Estado boliviano lanzó la primera convocatoria pública para la contratación de un consorcio jurídico internacional que lo represente en el nuevo arbitraje internacional Ad hoc interpuesto por Euro Telecom International NV (ETI) contra el país.
En el llamado público, se establece como precio por hora referencial de prestación del servicio, US$625. Y se agrega que “el límite máximo para el pago de horas de prestación de servicios será de US$ 450.000 anuales”.
Las ofertas pueden ser presentadas hasta el 24 de febrero. La aceptación del nuevo tribunal, ocurre después que el gobierno de Evo Morales anunció hace 11 días que dará “batalla legal” para anular el convenio que firmó la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, con ETI, ex accionista mayoritario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó el 3 de febrero una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de Rocabado y del ex viceministro Javier Vizcarra por un supuesto uso de influencias a favor del consorcio europeo.
La compañía, en octubre de 2009, interpuso un nuevo arbitraje internacional contra Bolivia ante un comité ad hoc de Naciones Unidas por la nacionalización de sus acciones en Entel, informó La Razón.
En la oportunidad, Rocabado consideró el hecho como favorable para Bolivia, porque era un reconocimiento de ETI sobre la falta de competencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pues Bolivia se había retirado de ese tribunal.
Según dijo La Razón, el 3 de noviembre CIADI dio por concluido el arbitraje iniciado por ETI contra Bolivia.
Tras la suscripción de un nuevo acuerdo, el holding europeo Euro Telecom pidió una compensación de unos US$ 1.000 millones, además del pago de un “interés compuesto” de 10% aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo arbitral.
