Un dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia indicó que la medida de presión no busca el enfrentamiento con los cooperativistas, sino el de preservar las fuentes de trabajo de los mineros de Colquiri.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) convocó este viernes en esa población orureña a un ampliado de emergencia para tratar la toma de la mina Colquiri y los constantes “avasallamientos” a emprendimientos mineros.

Como primera medida, el ampliado determinó iniciar el bloqueo del cruce Caracollo, principal punto de conexión vial entre los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

El dirigente de la FSTMB, Juan Cadima, indicó que la medida de presión no busca el enfrentamiento con los cooperativistas, sino el de preservar las fuentes de trabajo de los mineros de Colquiri. Este yacimiento es operado por Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore.

El miércoles, la mina fue tomada “intempestivamente y con violencia” por al menos 1.000 afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero. Producto de la ocupación ilegal resultaron heridos 15 mineros sindicalizados.

En La Paz, el presidente de Fencomin, Albino García, dijo que la toma de la mina Colquiri, en la provincia Inquisivi de La Paz, continuará hasta que las autoridades no presenten una propuesta sobre nuevas áreas para la explotación de estaño.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, informó que se envió 200 efectivos policiales para resguardar la mina, además de dos fiscales para que inicien las pesquisas. 

Erradicarán la minería ilegal. Delegados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, decidieron crear una legislación común para luchar contra la minería ilegal, informó ayer en Quito el director de Asuntos Internacionales del ente, Genaro Baldeón. Señaló que en el marco de un seminario de intercambio de información para el control de la minería ilegal, los representantes acordaron integrar las legislaciones de las cuatro naciones para la prevención y el combate de amenazas a la seguridad regional que genera esa actividad.

El acuerdo incluirá mecanismos de cooperación entre las fuerzas públicas para la erradicación de la minería ilegal, así como la protección del medio ambiente y los recursos naturales, manifestó Baldeón durante la clausura de la reunión. Sólo en Ecuador, la explotación ilegal de minerales deja una pérdida anual de US$1.352 millones, según el ministerio del Ambiente.