Con una ley que plantea una reforma constitucional, el Parlamento boliviano allanó el camino para que el presidente Evo Morales busque un cuarto mandato en los comicios de 2019.
La "Ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE)", propuesta por sindicatos afines al gobernante, fue aprobada pasado el mediodía de este sábado (26.09.2015), después de más de 20 horas de un intenso debate en el Congreso, en el que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tiene dos tercios en ambas cámaras.
Camino a un cuarto mandato. La norma modifica el artículo 168 de la Constitución boliviana promulgada en 2009 para permitir un mandato y dos reelecciones consecutivas, en lugar de una, como fija actualmente la Carta Magna. También sostiene que el primer mandato, bajo la Constitución de 2009, corresponde al período 2010-2015, la primera reelección a la gestión 2015-2020 y la segunda al quinquenio 2020-2025.
Con esta argumentación, el oficialismo ha justificado que la primera gestión de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera (2006-2010) no contaría para el cómputo porque correspondió al período previo a la refundación del país con la nueva Constitución, una argumentación que ha rechazado varias veces la oposición.
El argumento de que el primer periodo de los gobernantes no cuenta por la "refundación" del país en 2009 ya fue avalado antes por el TC que permitió, con un fallo emitido en 2013, que Morales y García Linera concurrieran a los comicios de octubre pasado, en los que fueron reelegidos para un tercer mandato hasta 2020.
Referendo tendrá la última palabra. Los parlamentarios oficialistas justificaron la iniciativa alegando que "el pueblo" la pidió y durante el debate resaltaron los logros económicos y sociales de Morales, a quien identificaron como el "líder indiscutible" del "proceso de cambio", como llaman al Gobierno sus sectores aliados. También defendieron la legalidad de la iniciativa y aseguraron que se respetaron los procedimientos para su tratamiento en el Parlamento.
Ahora, el documento será enviado en consulta al Tribunal Constitucional (TC) y posteriormente se someterá a consulta popular en un referendo que el oficialismo proyecta para el 21 de febrero de 2016. Si esta ley resulta avalada por el referendo, los actuales gobernantes podrán presentarse a las elecciones de 2019 en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
Por su parte, el presidente Morales, afirmó en Nueva York que si la reelección se aprueba en el referendo, se presentará a los comicios de 2019 y si el resultado es contrario, "contento y feliz" se retirará de la actividad política. "No voy a hacer campaña para que digan sí", afirmó Morales en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la ONU, donde asiste a una cumbre sobre el desarrollo y participará en el debate de la Asamblea General.
Opositores anuncian campaña por el "no". Los opositores lamentaron lo ocurrido y anunciaron que iniciarán campañas por el "no" a la reforma constitucional. Para el líder de la centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, la propuesta del oficialismo "no es reforma, es (un) golpe a la CPE y a la democracia". A través de su cuenta de Twitter, el opositor felicitó a quienes "dieron batalla" en el Legislativo "por la democracia y la CPE" y aseguró que "el NO a la re-reelección es el camino".
Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), acusó al Gobierno de buscar "prorrogarse en el poder" con base en "el engaño constitucional" y "a través del camino de la tiranía y la dictadura". Recordó que en 2013 presentó una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el fallo del TC que permitió la candidatura de Morales en octubre y anunció que reactivará ese proceso.
También el gobernador de la próspera región de Santa Cruz (este), el opositor Rubén Costas, lamentó que se haya consumado lo que consideró una nueva "violación a principios esenciales de la democracia", si bien indicó que "no todo está perdido". Convocó a una "cruzada liderada por la sociedad civil" para que la reelección no sea aprobada en el referendo.