Una nueva norma establece que todo proceso penal incoado por los ciudadanos o instituciones que no tenga desarrollo alguno durante un año se archivará temporalmente y si después de otro año sigue en esa situación, se archivará de forma definitiva.

La Paz. El gobierno de Bolivia promulgó este jueves una ley con el propósito de corregir el retraso en los procesos penales, un defecto del sistema judicial boliviano que le ha valido varias veces críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, promulgó la "Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal", en ausencia del presidente Evo Morales, de viaje en Europa.

La norma establece que todo proceso penal incoado por los ciudadanos o instituciones que no tenga desarrollo alguno durante un año se archivará temporalmente y si después de otro año sigue en esa situación, se archivará de forma definitiva.

García Linera dijo que hay procesos que llevan tres o cinco años sin ningún movimiento y se mantienen vigentes, aunque haya detenidos de forma preventiva en centros penales.

Asimismo, la norma fija que los juicios orales se harán de forma exclusiva con tres jueces técnicos, lo que implica que en adelante se excluirán a los jueces ciudadanos, que en los hechos se convirtieron en factores que retrasaron procesos o fueron objeto de presiones o chantaje de los litigantes, explicó García Linera.

Para evitar "el uso procesal malicioso corrupto" de los incidentes, recursos, excepciones y recusaciones se establece que estas podrán ser usadas por una sola vez y los abogados que intenten hacerlo dos o más veces será amonestados, después sancionados económicamente y en última instancia separados de un caso, agregó.

"Aquellos abogados acostumbrados a hacer chicanas (artimañas) para dilatar los procesos y generar un ambiente de indefensión indefinida del detenido a partir de este momento van a perder esa atribución y sus facultades", dijo el vicepresidente.

El uso exagerado de esos recursos en Bolivia siempre ha sido criticado porque provoca que los juicios duren varios años sin sentencia, incluso con personas que continúan presas por tantos o más años que los fijados para los delitos que les imputan.

La norma también establece que los juicios orales deben tener una continuidad hasta concluir y se habilitará para ellos horas y días extraordinarios, con pausas máximas de 16 horas tomando en cuenta el tiempo para los almuerzos o descansos.

Lo habitual en el sistema judicial de Bolivia es que los juicios orales puedan durar varios años, con suspensiones intermedias de varios meses, con cambio de jueces y fiscales e incluso de ciudades.

Asimismo, se establece que los jueces y fiscales tomarán vacaciones individualmente y se eliminarán los períodos de vacación colectiva porque eso deriva en el cierre de tribunales cada año por más de treinta días, causando más retrasos en los juicios.

García Linera dijo que esta norma permitirá acelerar los procesos penales, pero no excluye que en la elaboración del nuevo Código de Procedimiento Penal se incluyan medidas "mucho más duras", como el enjuiciamiento de jueces y fiscales si no cumplen con su trabajo.

Bolivia ha sido criticada varias veces por tener un sistema judicial caracterizado por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos, como señaló en 2013 la ONU.

La ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) apoyan a Bolivia en varios programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la Justicia.

El hacinamiento en las cárceles y los enfrentamientos entre reclusos con saldos mortales son otros problemas graves en Bolivia a los que contribuye la lentitud de la justicia que provoca que más del 80 % de los presos permanezca años en prisión sin una sentencia firme.