El defensor del pueblo de Bolivia avanzaba este martes en una mediación entre indígenas y el gobierno de Evo Morales, enfrentados por el proyecto de una carretera amazónica financiada por Brasil que ha avivado tensiones políticas.
La Paz. El defensor del pueblo de Bolivia avanzaba este martes en una mediación entre indígenas y el gobierno de Evo Morales, enfrentados por el proyecto de una carretera amazónica financiada por Brasil que ha avivado tensiones políticas.
La iniciativa fue puesta en marcha este lunes, coincidentemente con la llegada al país del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien otorgó el financiamiento para el proyecto vial de 310 kilómetros y US$420 millones que Morales impulsa como una de sus obras principales.
Los indígenas amazónicos -apoyados por "originarios" de otras regiones y aplaudidos por la oposición conservadora- rechazan la carretera que atravesaría una reserva ecológica en el centro del país, conocida por su sigla Tipnis, y acusan al gobierno de no haberlos consultado oportunamente.
"Nuestra intención es facilitar el acercamiento entre las partes, para el diálogo", dijo el defensor, el obispo de la iglesia metodista Rolando Villena, desde el pueblo de San Borja, a 50 kilómetros del lugar donde los marchistas descansaban desde el pasado fin de semana.
En declaraciones a la radio estatal Patria Nueva, Villena indicó que los indígenas lo aceptaron como "facilitador" de un diálogo sobre el proyecto vial y otras 15 demandas planteadas en los últimos días, en un conflicto que parecía poner en entredicho el mundialmente reconocido discurso de Morales a favor de los derechos de la madre tierra.
"El papel de la defensoría es contribuir (...) a que se restablezca la confianza" afirmó el defensor, una autoridad no gubernamental designada por la Asamblea Legislativa.
Cuatro acercamientos entre el gobierno e los indígenas fracasaron desde que un medio millar de pobladores del Tipnis partieron de la ciudad tropical de Trinidad en una caminata que pretenden prolongar por casi 600 kilómetros hasta las alturas de La Paz.
Aún habría que ver si esta nueva opción fluye y avanza.
¿Lío político? "Hay sin duda una posibilidad de que esto se haya convertido en una movilización política, pero es también porque el Gobierno ha dado lugar a esto", opinó Carlos Hugo Molina, experto en temas regionales que trabajó para pasados gobiernos neoliberales.
"Inicialmente lo único que los indígenas pedían era cumplir un mandato constitucional de la consulta, que no fue cumplida (...) y ahora la oposición al Gobierno no está viniendo de un antagónico ideológico o político-partidario, sino de una base de sustentación del propio gobierno", afirmó.
Mientras que para Franklin Pareja, profesor de la universidad estatal de La Paz, la movilización indígena podría estar alentada por intereses políticos o de liderazgo sectorial, como denunció el gobierno,
"Los indígenas en un principio pedían una cosa (no a la carretera) y ahora piden 16, pareciera que hay intereses y esto es lo que no se está viendo de manera explícita", afirmó.
Entre las demandas incorporadas al pliego original de los marchistas figuraban cuestionamientos al "cambio" liderado por Morales y hasta el pedido de cese de las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, principal negocio internacional del país.
"Esa es una demanda innegociable porque supone paralizar la economía del país (…), está claro que algunos dirigentes indígenas buscan una desestabilización política", dijo el lunes el ministro de Comunicación, Iván Canelas.
Lula, en sucesivos encuentros con Morales, estudiantes y empresarios en la ciudad oriental de Santa Cruz, no habló públicamente del conflicto en el Tipnis pero aseguró que "se profundizará la integración" entre Bolivia y Brasil.
Morales anunció que recibirá la próxima semana al asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García "para seguir trabajando en proyectos de cooperación".
