El presidente Evo Morales -que demandó "acelerar consultas"- recibió este lunes el anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada trabajada con diferentes actores sociales.

El gobierno y las representaciones de organizaciones indígenas originaria campesinas lograron redactar en consenso el anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada que norma procedimientos y prevé el carácter vinculante de acuerdos para explotar recursos naturales y construir obras en sus territorios. El presidente Evo Morales recibió este lunes el documento y demandó acelerar las consultas.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue el encargado de explicar algunos aspectos de la iniciativa legal que, sostuvo, es resultado de un proceso de consensos donde participaron más de 4.000 representantes de diferentes organizaciones de base, delegados de ocho ministerios de Estado y de Organizaciones No Gubernamentales.

El anteproyecto, entregado al presidente en un acto celebrado en Palacio de Gobierno, prevé la obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos entre los pueblos indígenas y el Estado.

“(El acuerdos) Es vinculante porque los acuerdos a los que arribe el Estado con los pueblos indígenas adquieren obligatoriedad para ambas partes, de tal manera que es un mecanismo profundamente cualitativo para profundizar los derechos indígenas”, explicó Romero en el acto, del que participaron dirigentes como de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación Sindical de Comunidades de Interculturales, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’.

Morales destacó la materialización de la propuesta legal porque, afirmó, permitirá acelerar las gestiones para lograr acuerdos que permitan desarrollar en territorios indígena originario campesinos proyectos para la explotación de recursos naturales o la construcción de obras como de conexión vial.

“'Mi pedido es, aprobado o no, acelerar las consultas correspondientes, queremos la participación de nuestros compañeros dirigentes. En las comunidades cómo acelerar la consulta correspondiente en temas, yo diría, especialmente de explotación, a veces perdemos tiempo uno, dos años hasta tres años en exploración. Si solo en consulta vamos a perder tres años, imagínense qué tiempo estamos perdiendo”, cuestionó.

El artículo 30 parágrafo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que las naciones y pueblos indígena originario y campesinos tienen derecho a ser consultados por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, como también sobre normas que puedan afectarlos.

Una de las experiencias de consulta alentada por el Estado fue en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para la construcción de una carretera por medio del territorio entre Cochabamba y Beni. La consulta, según el Gobierno, aprobó la construcción de la obra.

Romero explicó que en el trabajo de concertación de la norma participaron delegados de los ministros de Autonomía, Hidrocarburos, Minería, Desarrollo Rural, Obras Públicas, Culturas, Gobierno y Justicia, además de organizaciones sociales como los cooperativistas.

Bolivia será, una vez aprobado el anteproyecto, el segundo país de la región que contará con ese tipo de norma, luego de Perú. En Ecuador está en proceso y en Colombia aún no es debatido, pese a que está inscrito en su Constitución desde 1

Los dirigentes de las organizaciones sociales coincidieron en demandar a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del anteproyecto de ley. Morales expresó su confianza en que la iniciativa legal “sea rápidamente aprobada”.