En 2013, Bolivia se querelló contra Chile para que la CIJ declare que Santiago debe negociar “de buena fe” una salida soberana al mar, en mérito a los compromisos que asumió a lo largo de la historia bilateral.

Bolivia busca reforzar los argumentos de la demanda marítima y el anunciado juicio por el Silala a través de un “laboratorio jurídico”, creado por la Procuraduría General del Estado, que será administrado por la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa.

Franz Zubieta, posesionado este martes como nuevo subprocurador, explicó que el objetivo de esa entidad es la producción intelectual y el apoyo en las acciones de defensa legal del Estado, y que pondrá un “especial empeño” en la causa marítima y las normas de protección de recursos hídricos en el sur de Potosí, donde las aguas de los bofedales del Silala son usadas por Chile sin contraprestación.

“Se harán investigaciones, se profundizarán estudios, se llevará al mayor nivel de expresión de calidad todos los trabajos para aportar a esas causas (...), será un laboratorio jurídico, un espacio de reflexión profunda para seguir coadyuvando al trabajo que están realizando las instituciones que son la punta de lanza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya”, explicó Zubieta, tras el acto oficial en el que fue posesionado en el cargo junto a Ericka Chávez, quien ahora funge como subprocuradora de Supervisión e Intervención. 

Proceso. En 2013, Bolivia se querelló contra Chile para que la CIJ declare que Santiago debe negociar “de buena fe” una salida soberana al mar, en mérito a los compromisos que asumió a lo largo de la historia bilateral. Un año después, el país vecino impugnó la competencia del tribunal internacional, pero sin éxito. El 24 de septiembre de 2015, la CIJ ratificó su jurisdicción para resolver la causa y conminó a Chile a presentar su contramemoria hasta el 25 de julio.

Hace dos semanas, José Miguel Insulza, agente de Chile ante la CIJ, afirmó que “sería bien difícil” abrir un escenario de negociación en caso de un fallo favorable para Bolivia, pese a que en una anterior ocasión señaló a La Razón que “al final del juicio” ambas naciones estarán frente a frente y obligados a entenderse.

El procurador Héctor Arce insistió en que la demanda busca un diálogo con resultados e instó a que Chile cumpla la futura resolución de la Corte. “Si el tribunal falla a nuestro favor (...), Chile está obligado a negociar con plazos, condiciones y términos objetivos para que Bolivia pueda ejercer su derecho de acceso soberano al Pacífico”, dijo.

Con todo, el “laboratorio jurídico”, de inicio, estará conformado también por seis especialistas, quienes están por terminar una maestría en el área de defensa legal del Estado.

Esta entidad coordinará acciones con la Dirección de Reivindicación Marítima, creada en 2011 con el objetivo de elaborar e impulsar la demanda marítima, junto con un equipo de juristas nacionales y extranjeros que representan a Bolivia en la CIJ. En contraparte, la pasada semana, Chile anunció la creación de una Agencia de Soberanía, cuyo objetivo será argumentar demandas internacionales y defenderse de otros procesos como el que inició Bolivia.

Al respecto, el presidente Evo Morales criticó esa decisión tras indicar que con esa entidad “Chile defenderá una soberanía robada” y sugirió, más bien, crear una agencia para desactivar las minas antipersonales que sembró en sus fronteras con Argentina, Bolivia y Perú.

En este contexto, el procurador Arce destacó la importancia de “volcar la mirada hacia el derecho internacional” en lo que respecta al asesoramiento y a la investigación jurídica.

En marzo, Morales anunció un nuevo juicio por la jurisdicción de las aguas del Silala, cuya preparación tomará al menos dos años. Se trata de “una deuda histórica antigua, pendiente con el Estado chileno, y nuestro Presidente lo ha hecho con la mayor dignidad, altura y mostrando además que ya no somos colonia de nadie y mucho menos del Estado chileno”, señaló ayer el Procurador.