El Gobierno que salga electo el 28 de abril no va a dar un giro radical a la política económica, algo que algunos economistas lamentan porque creen que el país puede caer en la autocomplacencia.
Madrid. Por primera vez en más de una década, una campaña política en España no está dominada por la situación económica y los partidos se han lanzado a enviar mensajes emocionales que apelan al corazón y no al bolsillo del votante.
El Gobierno que salga electo el 28 de abril no va a dar un giro radical a la política económica, algo que algunos economistas lamentan porque creen que el país puede caer en la autocomplacencia.
Después de superar la peor crisis económica desde la guerra civil, los españoles perciben por fin cierto grado de bonanza -el desempleo casi se ha reducido a la mitad en cinco años-, justo cuando la economía enfrenta de nuevo una desaceleración que pone en riesgo a un país con reformas estructurales pendientes, como las pensiones o el mercado laboral.
El FMI proyecta un crecimiento de 2,1% para España en 2019, mayor que el 1,3% del conjunto de la zona del euro, lo que ha permitido a la clase política obviar la necesidad de reformas, pese a que la tasa de desocupación es aún del 14%, una de las más altas de la UE.
En su lugar, se han centrado en debates identitarios, como la independencia de Cataluña, los derechos de las mujeres o el uso de los símbolos franquistas, siguiendo en parte la estela de polémicas reavivadas con el auge de Vox, que según sondeos será el primer partido de ultraderecha en llegar al Parlamento español en cuarenta años.
"Rajoy nos decía: 'es la economía, estúpidos', y se olvidaba de que era la nación lo que estaba verdaderamente en riesgo", lamentaba el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista en el canal de televisión Antena 3 la semana pasada.
En la misma entrevista, Abascal criticó que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se hubiera centrado en lidiar con el rescate financiero en lugar de frenar la crisis en Cataluña que derivó en el amago de declaración independentista en el otoño boreal de 2017.
Como resultado de la dureza de aquellos años de crisis -el desempleo alcanzó el 27% en 2013 y la economía se contrajo un 9% en cinco años- los españoles siguen considerando la desocupación como el principal problema del país, según una reciente encuesta del gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El aumento de la desigualdad, la precariedad laboral y la dificultad para acceder a una vivienda son las preocupaciones más habituales en las calles españolas.
La alta correlación entre las personas que sufren desempleo en la actualidad y la abstención es una de las razones que esgrime Federico Steinberg, economista de la Universidad Autónoma de Madrid, para explicar por qué los partidos prefieren no preocupar a su electorado con las reformas a abordar.
"Ningún partido quiere poner sobre la mesa que las reformas que van a hacer generarían perdedores", explica Steinberg.
Autocomplacencia. Sin embargo, esta dejadez terminará causando problemas a largo plazo, según analistas y empresarios.
"Después de las elecciones, tenemos que pasar de las medidas cortoplacistas a promover una agenda reformista con una visión a largo plazo sobre crecimiento inclusivo y cohesión social", pidió el viernes pasado en la junta general de accionistas del Banco Santander su presidenta, Ana Botín.
En una reciente entrevista con Reuters, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba que la prioridad para España es solucionar la falta de formación de los desempleados y una reforma profunda del sistema educativo.
"Reciclar a los parados (desempleados) y ponerlos a trabajar es tan caro que no lo va a hacer nadie", vaticina Ignacio Conde-Ruiz, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
Pero frente a esta demanda de reformas, la polarización ideológica se ha trasladado a lo económico, con los bloques de izquierda a derecha simplificando sus mensajes en subir o bajar impuestos.
Uno de cada cuatro electores son pensionistas y, según las encuestas, tienden a votar a los grandes partidos tradicionales, el derechista Partido Popular y los socialistas del PSOE, lo que les ha llevado a rivalizar en su cerrada defensa del sistema de pensiones.
Conde-Ruiz cree que los anuncios que están haciendo los partidos en sus programas políticos implican más déficit y ninguno está aclarando cómo compensará sus medidas electorales para cuadrar las cuentas.
Vox ha marcado distancia al asegurar en su programa económico que el sistema de pensiones español -que es de reparto, similar al de Francia o Alemania- es un "esquema Ponzi" y ha propuesto crear de cero uno nuevo.
Pero como Vox en cualquier caso jugará un papel menor en un futuro Gobierno, los analistas no creen que se genere un cambio radical en la siguiente administración.
Goldman Sachs aseguraba en una nota reciente que todos los gobiernos de coalición posibles después del 28 de abril estarán comprometidos con el proyecto europeo y con una economía de mercado competitiva.
"Es probable que los cambios en las políticas económicas serán poco regeneradoras (...) Un programa de reformas limitado implica algunos riesgos de autocomplacencia", detallan los analistas del banco.
Mientras, la coyuntura sopla a favor de los políticos, con una política monetaria acomodaticia y un petróleo lejos de niveles máximos, dos de los factores que más favorecen a la economía española y que, junto con un presupuesto expansivo, han alimentado su crecimiento.
