La retención de directivos contra su voluntad por parte de los trabajadores se ha convertido en Francia, durante los últimos años, en una práctica relativamente frecuente que las empresas no suelen denunciar y que resulta muy eficaz para los sindicatos.

"El secuestro de directivos es una estrategia a la que los empleados recurren cuando desaparece el diálogo en favor de la autoridad y de la opinión unilateral de la compañía", explica a Efe el secretario confederal de Fuerza Obrera (FO), Yves Veyrier.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los asalariados retienen contra su voluntad durante horas -a veces días- al responsable de la empresa, con el fin de mejorar las condiciones de despido o para solucionar una situación de crisis.

Este fenómeno se denomina con la expresión inglesa "bossnapping" -combinación de los vocablos "boss" (jefe), y "kidnapping" (secuestro), y no es "una tradición" francesa, defiende Arnaud Tessier, abogado especialista en Derecho social, quien sin embargo sí identifica a Efe la tensión entre patronos y trabajadores como "parte de la cultura social del país".

"Se trata, en esencia, de hechos aislados", matiza el letrado.

Aunque los primeros casos se dieron en los años 30 del siglo pasado, con un repunte en la década de los 70, fue a partir de 2009, al calor de la crisis financiera, cuando la práctica tomó vuelo.

Desde entonces, un goteo lento pero continuo de "secuestros" ha salpicado la actualidad política y social del país europeo, casi siempre sin consecuencias para los obreros.

ESCASO NÚMERO DE SANCIONES TRAS EL SECUESTRO

La retención en 2009 de cuatro directivos del fabricante de adhesivos Scapa, en la planta de Bellegarde sur Valserine, en el este de Francia, se tradujo en un aumento de casi un millón de dólares sobre la cantidad inicial fijada para el plan de jubilación de los empleados.

Mientras que los trabajadores de la factoría Caterpillar, que ese mismo año retuvieron a su director en las instalaciones de la planta, en Grenoble, vieron cómo el paquete de indemnizaciones se incrementaba en US$1,8 millones.

Solo uno de los 16 casos de secuestros que se han dado desde 2009 se saldó con sanciones para los trabajadores: una multa de US$2.000 para cada uno de los once empleados de correos que retuvieron a dos ejecutivos en las oficinas de Nanterre, al noroeste de París, en mayo de 2010.

Esta tendencia obedece a que los directivos, una vez liberados, no suelen tomar medidas legales contra sus trabajadores. Antes bien, prefieren escuchar sus demandas y atenderlas en la medida de lo posible.

"Temen que haya represalias y prefieren abandonar cualquier tentativa que ahonde en el conflicto social (...) Además, en muchos casos, al tratarse de ciudades pequeñas, los hijos de los empresarios y trabajadores comparten escuela. Es difícil", concluye Tessier.

Al no haber denuncia por parte de la empresa, la justicia francesa, cuyo código penal fija en hasta en cinco años de cárcel más una cunatiosa multa, las penas para este tipo de acciones, no puede intervenir.

El castigo, de hecho, se puede elevar a 20 años de prisión si el secuestro dura más de una semana, y a 30 si hay indicios de violencia, según establece el artículo 224-1 del código vigente.

A la poca predisposición a denunciar por parte de los ejecutivos hay que sumar el apoyo que este tipo de acciones despiertan entre un sector de la población.

LA MITAD DE LOS FRANCESES LO JUZGA "ACEPTABLE"

Una encuesta realizada en 2009 por el servicio CSA, en plena ola de secuestros, reveló que "uno de cada dos franceses" juzgaba "aceptable" la retención del patrón para protestar contra el cierre de fábricas.

"No estoy seguro de que los franceses, en general, apoyen esta práctica, aunque puede que sí esté más aceptada que en otros países", explica a Efe el director del Instituto superior de Trabajo, Bernard Vivier, que achaca a "la tradición sindical" del país el "éxito" de los secuestros.

El último caso de "bossnapping", que tuvo lugar el pasado 6 de enero en la fábrica de neumáticos Goodyear Amiens-Nord, al noroeste del país, reavivó en Francia el debate sobre la legitimidad de las retenciones.

Los empleados de la planta retuvieron cerca de 30 horas al director de recursos humanos, Bernard Glesser, y al jefe de producción, Michel Dheilly -antes de que fueran liberados por la policía-, para reclamar la negociación de las condiciones de despido de la plantilla.

En esta ocasión, rompiendo con la tendencia habitual, la directiva de Goodyear sí decidió denunciar a los trabajadores.

"Jamás aceptaremos la puesta en marcha de acciones que pongan en peligro a las personas o a los bienes (de la empresa)", indicó entonces la compañía.

Una postura a la que se unió la patronal francesa, el Medef, que tachó el secuestro de "violento" y completamente "contrario" a los "principios de diálogo y negociación".

El secretario confederal de Fuerza Obrera (FO), Yves Veyrier, matizó al respecto: "No apoyamos este tipo de acciones extremas, que pueden resultar perjudiciales para los protagonistas y sus familias".

"Pero para que no se den es necesario respetar el diálogo y las condiciones sindicales; que siempre exista una disposición a negociar", agregó.

El caso Goodyear tuvo gran repercusión en medios de comunicación ingleses y estadounidenses, donde varias publicaciones se hicieron eco de la noticia al tiempo que se preguntaban si Francia estaba ante el comienzo de otra oleada de retenciones, añadiendo que un hipotético repunte en el número de secuestros alejaría a las multinacionales de invertir en territorio galo.

Justo lo que ocurrió con la empresa estadounidense Titan International, dispuesta a salvar la planta de Goodyear, con la condición de que se despidiera a todos los trabajadores, aunque posteriormente propuso asumir la producción de neumáticos agrícolas, que garantizaba algo más de 300 de los 1.200 empleos de la fábrica.

La negociación, sin embargo, se estancó el día del secuestro, cuando el director de Titan, Maurice Taylor, estalló ante los micrófonos de "Europe 1" al conocer la noticia: "Están locos (...) En Estados Unidos esa gente sería arrestada".

Taylor aseguró que se "trataba de un crimen muy serio" y denunció que el gobierno francés "no hiciese nada", si bien el ministro de Industria galo, Arnaud Montebourg, designó a un mediador que encauzase las conversaciones entre empresa y sindicatos días después de la liberación de los dos ejecutivos.

"Países como Estados Unidos o Canadá son hostiles a este tipo de prácticas. A diferencia de lo que ocurre en Francia, allí no hay fuerzas políticas que apoyen a los sindicatos en acciones tan extremas", precisa a Efe Dominique Andolfatto, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Borgoña y experto en sindicalismo.

Andolfatto ve en los secuestros una forma de "mediatizar la protesta" por parte de los trabajadores, de llevarla "lo más lejos posible" a fin de "hacerse escuchar" por la sociedad y "mejorar las condiciones de despido".