"Hemos agotado todos los canales diplomáticos posibles. Hemos trabajado en el caso 24 horas al día y siete días a la semana. Tenemos todavía un día, pero veo muy difícil", que el gobierno indonesio revierta la decisión, declaró a la radio Bandnews el embajador brasileño Paulo Alberto da Silveira.
Sao Paulo. El gobierno de Brasil agota todos los recursos para evitar la ejecución del brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, condenado en Indonesia a pena de muerte por narcotráfico y cuya ejecución por fusilamiento está prevista para el domingo, informó este viernes el embajador del país suramericano.
"Hemos agotado todos los canales diplomáticos posibles. Hemos trabajado en el caso 24 horas al día y siete días a la semana. Tenemos todavía un día, pero veo muy difícil", que el gobierno indonesio revierta la decisión, declaró a la radio Bandnews el embajador brasileño Paulo Alberto da Silveira.
Cardoso Moreira, de 53 años e instructor de deportes radicales, fue preso en 2003 en el país asiático acusado de entrar 13,4 kilos de cocaína peruana dentro de un ala delta y condenado a muerte un año después.
Durante los diez años de prisión, detalló el embajador, "Brasil tomó todas las medidas jurídicas y diplomáticas posibles, incluso con intervención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y se consiguió aplazar la sentencia".
Sin embargo, el nuevo presidente indonesio, Joko Widodo, quien llegó al poder en octubre pasado, "está decidido a hacer cumplir las sentencias, como parte de su política en el combate contra el narcotráfico y es una cosa de soberanía en la que no podemos interferir", apuntó da Silveira.
Widodo negó la petición de clemencia para seis presos condenados a muerte, uno de ellos de nacionalidad indonesia y los cinco restantes extranjeros (un brasileño, un holandés, dos nigerianos y un vietnamita).
Según Amnistía Internacional, a pesar de que las autoridades indonesias no procedieron a la ejecución de ningún condenado durante 2014, para este año está previsto el fusilamiento de veinte de los 64 prisioneros sentenciados a pena de muerte.
El jueves, el Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que está "acompañando estrechamente" el caso, "continúa movilizado" y "evalúa todas las posibilidades todavía abiertas" para impedir la ejecución del domingo (sábado en Brasil).
De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff, enviaron cartas al Gobierno de Indonesia, pero el entonces mandatario Susilo Bambang Yudhoyono, aunque no ejecutó la sentencia, tampoco aceptó la petición de clemencia.
Otro brasileño, Rodrigo Gularte, de 42 años y preso al intentar entrar en el país asiático seis kilos dentro de una tabla de surf en 2004, también está condenado a pena de muerte en Indonesia.
En ese caso, da Silveira aclaró que "todavía no hay una respuesta de la petición de clemencia que fue presentado por Brasil" y que los abogados esperan tener una posición del gobierno indonesio en febrero próximo.
Con datos consolidados hasta 2013, la Cancillería del país suramericano señaló que 3.209 brasileños están presos en el exterior, de los cuales Cardoso Moreira sería el primero en ser ejecutado.
