Un informe de expertos asegura que la munición formaba parte de lotes vendidos a la Policía Federal de Brasilia. Ministro dice que esas balas fueron robadas "hacía unos años”.

Río de Janeiro. Una investigación realizada por la División de Homicidios en Río de Janeiro aseguró este viernes que la munición con la que mataron a la concejal y activista Marielle Franco pertenecía a un lote de balas vendido a la Policía Federal de Brasilia por la empresa brasileña CBC el 29 de diciembre de 2006, con las notas fiscales número 220-821 y 220-822.

Los casquillos investigados, que fueron hallados en el lugar donde cayó muerta Franco la noche del miércoles pasado, son de 9 milímetros.

En el ataque también perdió la vida su chofer, Anderson Pedro Gomes, mientras que una asesora de la socióloga sobrevivió con heridas de gravedad. Marielle Franco recibió cuatro balazos en la cabeza y sus atacantes, que viajaban en un automóvil, no robaron nada.

Esto ha llevado a la policía a calificar el ataque como un homicidio premeditado. Los reportes tanto de Globo como por RJTV agregan que la misma munición fue usada en la llamada "matanza de Osasco”, registrada en el estado de Sao Paulo en 2015 y en la que fueron asesinadas 17 personas, un crimen por el que ya fueron condenados tres policías y un guardia civil.

Gobierno aclara. Apenas conocido el origen de las balas, el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, explicó que éstas habían sido robadas "hacía unos años” a la Policía Federal cuando unos delincuentes asaltaron una agencia de Correos en el estado de Paraíba.

Jungmann añadió que "la Policía Federal ya abrió más de 50 investigaciones por esa munición desviada. Por eso yo creo que esas cápsulas encontradas en la escena del crimen fueron efectivamente robadas".

Marielle Franco, una conocida activista de derechos humanos y la quinta más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo Municipal de Río de Janeiro, era una enérgica crítica de la violencia policial.

Recientemente se había manifestado en contra de la intervención en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro decretada hace un mes por el presidente brasileño, Michel Temer, y que dejó el control del orden público en manos del Ejército.