El monto, acordado por la Procuraduría General y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, se refiere a castigos por pérdidas causadas a inversionistas extranjeros como resultado de los casos de corrupción investigados en la operación "Lava Jato".

Brasilia. La Procuraduría General y el Supremo Tribunal Federal de Brasil acordaron este jueves destinar 1.000 millones de reales (unos US$245 millones) procedentes de la estatal Petrobras para la preservación del medio ambiente, sobre todo en la Amazonia.

Según ambos órganos, el juez Alexandre de Moraes debe entregar en breve la decisión que sellará la asignación de recursos. 

De Moraes es el relator de una acción que trata de la asignación de más de 2.500 millones de reales (unos US$612 millones) que Petrobras se ha comprometido a entregar a las autoridades brasileñas, después de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. 

El monto se refiere a castigos por pérdidas causadas a inversionistas extranjeros como resultado de los casos de corrupción investigados en la operación "Lava Jato" (Lavadero).

En la reunión participaron, además del juez de la Corte, la fiscal general Raquel Dodge; el abogado general de la Unión, André Mendonca; el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y la ministra de Agricultura, Tereza Cristina.

Al menos 40% de esos fondos serán transferidos a los estados de la región amazónica, que sufre con el aumento de las quemas de bosques y la deforestación ilegal.

"La defensa de la Amazonia, que es patrimonio brasileño, es muy importante y ahora tiene recursos que se destinarán al área de la agricultura, para la asistencia técnica, para la regularización de tierras, para la prevención de incendios y también para la regeneración del bosque", dijo la Procuraduría en un comunicado.

En un principio, los fondos se iban a destinar a una fundación vinculada al grupo de trabajo del "Lava Jato" en el estado de Paraná (sur), según un acuerdo firmado entre la operación y el gobierno de Estados Unidos, pero Moraes consideró que dicha asignación sería ilegal.

El resto de los fondos a ser pagados por Petrobras deberán ser destinados a la educación y el desarrollo de la primera infancia, becas de investigación para nuevas tecnologías y acciones socioeducativas en cooperación con los estados.