Una reciente ola de preocupantes acusaciones de corrupción en el ministerio de Transportes de Brasil le ha dado a la presidenta Dilma Rousseff una oportunidad de oro para combatir los manejos ilícitos. Pero su ya amarga relación con sus compañeros de coalición, podría empeorar.

Sao Paulo/Brasilia. Servidores públicos con mansiones de US$2 millones. Pagos de un 5% de proyectos carreteros. Constructoras de familiares de funcionarios públicos que se embolsan millones por contratos con el gobierno.

Una reciente ola de preocupantes acusaciones de corrupción en el ministerio de Transportes de Brasil le ha dado a la presidenta Dilma Rousseff una oportunidad de oro para combatir los manejos ilícitos que han caracterizado a los gobiernos brasileños y han ahuyentado a muchos inversores extranjeros durante años.

Pero al intervenir personalmente en la crisis y despedir a muchos funcionarios ministeriales la semana pasada, Rousseff también corre un gran riesgo: que su ya amarga relación con sus compañeros de coalición empeore aún más, dejándola aislada políticamente e incapaz de conseguir la aprobación de leyes.

El pequeño partido que controla el ministerio de Transportes, el Partido de la República (PR), está ahora al borde de la revuelta abierta.

Casi todos los días llegan noticias de que Rousseff, o el nuevo ministro que designó este mes para limpiar el lugar, ha ordenado la remoción de otro grupo de funcionarios del partido.

"Es como si nadie en el PR fuera bueno para nada", dijo a Reuters Lincoln Portela, líder de ese partido en la cámara baja.

Si Rousseff puede limpiar el ministerio sin que el PR abandone su frágil coalición de 17 partidos, las ganancias potenciales son enormes.

Ella podría enviar un mensaje a los políticos de Brasil y a la sociedad en general respecto a que es menos tolerante a la corrupción que su predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien casi fue impugnado en el 2005 tras un escándalo de pagos a cambio de votos.

"Esto podría ser un gran triunfo para ella, una señal de que la política ha cambiado en comparación con años recientes, lo que mejoraría su apoyo popular, especialmente con la clase media", afirmó Ricardo Ismael, un analista político.

Firmas extranjeras. También hay implicaciones económicas claras. Debido a la corrupción en el Ministerio de Transportes y en otros lugares, algunas firmas extranjeras se han mantenido al margen de realizar inversiones en infraestructura, pese a más de un billón de dólares en proyectos planeados para el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.

Algunas empresas estadounidenses, en particular, se han mantenido al margen de proyectos de autopistas en Brasil debido a que las leyes estadounidenses les prohiben pagar sobornos en el extranjero.

Ejecutivos comentan en privado que eso les imposibilita competir con empresas brasileñas y algunas europeas en subastas de licitaciones del Gobierno.

"La corrupción omnipresente en partes de la economía tiene el efecto de asustar a las firmas estadounidenses desde ciertas áreas", dijo Reeve Wolford, director del grupo de trabajo en infraestructura del Consejo de Negocios Brasil-Estados Unidos en Washington.

Wolford dijo que duda que las acciones de Rousseff marquen un "cambio generacional" en lo referente a corrupción, pero que la sola limpieza de algunos ministerios clave podría hacer una gran diferencia.

"Mi impresión, basada en una amplia gama de conversaciones (...) es que (el Ministerio de Transportes) está entre los peores, si no es el peor", sostuvo.

"Una mejor administración ahí sería muy significativa", añadió.

Antes de cosechar cualquier ganancia, Ismael dijo que Rousseff probablemente tendrá que superar "turbulencia a corto plazo" y mantener unida a una coalición que ha estado bajo enorme tensión virtualmente desde el momento en que ella asumió su mandato el 1 de enero.

El PR tiene 40 diputados y seis senadores, de un total de 512 y 81, respectivamente, de modo que su salida de la coalición de Gobierno sería un golpe significativo.

Rousseff ya enfadó al mayor partido de su coalición, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al negarse a designar a sus líderes en puestos gubernamentales clave, que asesores de la mandataria han presentado como un esfuerzo por mantener a funcionarios corruptos alejados de áreas críticas.

El enojo del PMDB ha provocado una paralización casi total en el Congreso y ha reducido las perspectivas de aprobación de reformas económicas que simplificarían el complejo código tributario brasileño, por ejemplo.

"Algunas tensiones dentro de una coalición son una cosa normal. Pero ella está haciendo lo que necesita hacer con la corrupción. Está haciendo lo que cree que está bien", dijo un funcionario a Reuters.