El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su tratamiento, forma parte de las tres normativas que reemplazarán a la polémica Ley 1008, vigente desde hace 29 años.
La Paz. La iniciativa de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que actualmente analiza el Senado de Bolivia, contempla premiar a quienes denuncien a traficantes de droga con el 5% del valor incautado por esta actividad ilícita.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su tratamiento, forma parte de las tres normativas que reemplazarán a la polémica Ley 1008, vigente desde hace 29 años.
Las otras dos normas son la Ley de la Coca, que ya fue promulgada en Bolivia, y el Código del Sistema Penal, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.
El texto contiene 124 artículos divididos en cinco capítulos y 11 disposiciones transitorias, con innovaciones respecto a la Ley 1008, como el pago a informantes, escuchas telefónicas y la extinción de dominio de bienes.
El marco normativo, que también prevé la legalización de escuchas telefónicas en el combate al narcotráfico, podría ser promulgado la próxima semana, según fuentes del oficialismo.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Franklin Flores, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó en entrevista con Xinhua los alcances de la norma al buscar penalizar la actividad del narcotráfico.
Flores precisó que la iniciativa de premiar a denunciantes de narcotráfico se establece en el artículo 9, mediante la entrega de una remuneración económica a quienes entreguen información sobre esta actividad delictiva.
El monto de pago se encuentra fijado en el parágrafo III del artículo 63 del proyecto de ley, que sugiere asignar al pago de informantes hasta el 5 por ciento de los recursos destinados a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).
Los ejes de la norma se centran en los mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el ámbito preventivo integral y de investigación.
El planteamiento precisa el control y la fiscalización de sustancias químicas controladas, así como el régimen de bienes secuestrados, incautados y confiscados, además de regular la pérdida de dominio de bienes ilícitos a favor del Estado.
Incluye afectaciones al patrimonio de traficantes y sanciones a cultivos excedentarios de hoja de coca, entre otros puntos.
"Es un proyecto que definitivamente va a cambiar la vida institucional de la lucha contra lo ilícito, contra las sustancias controladas, contra la gente que se dedica al narcotráfico", afirmó Flores.
Dijo que esta iniciativa de ley concentra todos los convenios que recomiendan las diferentes organizaciones, fundamentalmente Naciones Unidas (ONU), para su incorporación en las diferentes legislaciones de los Estados.
La iniciativa que revisa el Senado señala también que los ministerios de Salud y Gobierno deben hacer estudios "para determinar parámetros de consumo y microtráfico en un plazo de 120 días a partir de la publicación de la ley".
A su vez, la tercera iniciativa legal que engloba la lucha antidroga en Bolivia es el Código del Sistema Penal, actualmente analizado en la Cámara de Diputados.
El Código del Sistema Penal contempla que los productores que cultiven coca en zonas ilegales puedan ser encarcelados de cuatro a seis años si se demuestra que financiaron el cultivo.
La propuesta establece que la persona que caiga con una cantidad mínima de droga puede ser procesada por tráfico en pequeño y sentenciada con trabajos forzados o de uno a cuatro años de prisión.
Plantea, además, crear este tipo penal que no figura en la Ley 1008, el cual sanciona al infractor sin considerar la cantidad de sustancias controladas incautadas.
Señala como responsable de tráfico en pequeño a quien oferte, compre, venda, suministre, distribuya, intermedie o entregue estupefacientes o psicotrópicas en cantidades establecidas, ya sea por sí mismo o a través de terceros.
Un de los artículos del tentativo nuevo Código del Sistema Penal establece que la persona que siembre, conserve, coseche o recolecte coca en zonas no autorizadas, será sancionada con multa que alcanza hasta 401 días o prisión de cuatro años como máximo.
En este contexto, ya fue promulgada en Bolivia la Ley de la Coca y actualmente se discute el Código del Sistema Penal en la Cámara de Diputados.
