La Defensoría del Pueblo reveló que, desde el 1 de enero de 2016 y hasta el pasado 30 de junio, 311 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados, principalmente en zonas en las que grupos armados ilegales se disputan el control territorial de áreas desalojadas por las FARC estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
Bogotá. - Cada tres días asesinan a un dirigente social o a un defensor de derechos humanos en Colombia, un recrudecimiento de la violencia que según la Organización de las Naciones Unidas afecta la consolidación de la paz y que el gobierno consideró el viernes como el principal desafío de seguridad para el Estado.
La Defensoría del Pueblo reveló que, desde el 1 de enero de 2016 y hasta el pasado 30 de junio, 311 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados, principalmente en zonas en las que grupos armados ilegales se disputan el control territorial de áreas desalojadas por las FARC estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
"Los territorios de consolidación que abandonaron las FARC fueron rápidamente cooptados por nuevas organizaciones delincuenciales y eso ha generado unas tensiones y unos conflictos en los territorios que están dejando violencia y particularmente asesinatos", dijo a periodistas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
La exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmó en 2016 un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado al menos 220.000 muertos y millones de desplazados.
Pero disidentes del desmovilizado grupo insurgente que no aceptaron los términos del acuerdo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha combaten por el control de los territorios selváticos y montañosos desalojados por las FARC.
Mientras el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo que los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos están relacionados con economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal a las que se oponen, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, calificó la situación como "el principal desafío que tiene el Estado colombiano".
"El recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz estable y duradera. Los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales", dijo una declaración de la ONU.
El informe de la Defensoría del Pueblo no precisó quiénes son responsables de los asesinatos, pero de acuerdo con fuentes de seguridad los autores son integrantes de los grupos armados ilegales que buscan apoderarse de los negocios del narcotráfico y la minería ilegal a los que se oponían las víctimas.
