“Espero que la consulta previa reivindique el mecanismo de diálogo permanente que debe existir entre las comunidades, el Estado y el sector privado interesado en desarrollar actividades económicas”, indicó su presidente, Carlos Durand,tras destacar el consenso alcanzado en el Congreso para aprobar la norma.

Lima, Andina. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Durand, expresó este miércoles su confianza en que la Ley de Consulta Previa, aprobada en el Congreso, contribuya mantener la paz social e incentive el diálogo entre los sectores involucrados.

“Espero que la consulta previa reivindique el mecanismo de diálogo permanente que debe existir entre las comunidades, el Estado y el sector privado interesado en desarrollar actividades económicas”, indicó tras destacar el consenso alcanzado en el Congreso para aprobar la norma.

Consideró fundamental encontrar un equilibrio entre los esfuerzos por mantener la paz social y la preservación del medio ambiente, con aquellos orientados a incentivar las inversiones responsables.

“Es fundamental encontrar los mecanismos que permitan al país seguir avanzando, pero con un equilibrio y participación más activa de la población para tener paz social (…) y que continúen las inversiones responsables con cuidado del medio ambiente”, añadió.

Asimismo, expresó su confianza en que la norma contribuya a desterrar los conflictos y la violencia, pues generan inestabilidad social y grandes pérdidas económicas al Estado y al sector privado.

Duran adelantó que la Cámara de Comercio de Lima realizará un estudio sobre la Lay de Consulta Previa para analizar sus alcances.

El pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Consulta Previa que otorga a los pueblos indígenas u originarios del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos extractivos en sus territorios.

La ley señala que el acuerdo al que llegue el Estado y los pueblos indígenas sobre los proyectos extractivos será vinculante u obligatorio para ambas partes.

En caso no se llegue a un acuerdo, corresponderá al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sin afectar su derecho a la vida, integridad y desarrollo.