El texto, que fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. Ahora pasa al Senado, que ya tumbó en 2018 una iniciativa similar.

Buenos Aires. La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado tras 20 horas de debate el proyecto de ley para la legalización del aborto, que ahora pasa al Senado, que ya tumbó en 2018 una iniciativa similar y que comenzará este lunes a debatir el nuevo texto, con vistas a pronunciarse antes de que acabe el año.

El proyecto ha recibido en la Cámara Baja 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, al término de un largo debate en el que han tomado la intervenido más de 160 personas. En 2018, el resultado fue más ajustado --129 votos favorables frente a 125--, aunque los alegatos prácticamente se han repetido.

Los promotores de la medida, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández, ha defendido que la nueva ley supone una ampliación de los derechos de las mujeres, así como una mejora en materia de salud pública, un enfoque planteado especialmente desde el Ejecutivo para evitar controversias de índole religiosa.

Tras la votación, al aplauso en el interior de la Cámara de Diputados se ha sumado también la alegría en las inmediaciones del Congreso, donde se han agolpado durante horas grupos y ciudadanos defensores de la iniciativa. "Esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno, es una conquista más del movimiento de mujeres", ha proclamado una de las diputadas que han votado a favor, Silvia Lospennato, según el diario 'La Nación'.

La ley autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación, con cobertura gratuita en la sanidad pública. La gestante debe solicitarlo al menos diez días antes y firmar un consentimiento informado, sin que sea necesaria ninguna autorización adicional en el caso de las mayores de 16 años.

Para las menores de 13 años, sí debe estar presente al menos un progenitor o tutor, mientras que en el caso de quienes tengan entre 13 y 16, se contempla que "en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, (la gestante) puede intervenir con asistencia letrada".

Una de las modificaciones introducidas durante el debate tiene que ver con la objeción de conciencia, en concreto con lo que debe ocurrir cuando todos los trabajadores de un centro se nieguen a practicar el aborto. El texto plantea que, en ese caso, el centro deberá derivar a la paciente a otro que sí acceda a interrumpir el embarazo.