Cabe recordar que la Corte Constitucional, cuando dio vía libre al plebiscito por la paz, estipuló que los servidores públicos podrán participar en la campaña pero no podrán usar recursos del Estado.
Hacia finales de julio pasado se esperaba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) definiera las reglas de juego sobre la participación de los funcionarios en la campaña por el plebiscito por la paz. En esencia, el organismo debe establecer los reglamentos sobre los comités promotores, topes, financiación, propaganda y asuntos de vulneración electoral, para las campañas por el sí, que lidera el Gobierno, y por el no, que impulsa la oposición uribista.
Y precisamente en torno a esos asuntos de “vulneración electoral” ya se da un nuevo escenario de disputa política, sin siquiera haberse iniciado formalmente las campañas. Al margen de los términos que se están negociando en La Habana con las Farc para llegar a la terminación del conflicto, el debate gira hoy en torno a los supuestos abusos que desde los despachos gubernamentales se podrían hacer a favor del sí o del no en la refrendación de la paz.
Para el presidente Juan Manuel Santos, en el fallo de exequibilidad del mismo plebiscito, la Corte Constitucional ratificó y protegió “el derecho de todos los funcionarios de seguir trabajando por la paz y les autorizó expresamente a difundir y defender esta política pública. Sin embargo, el propio mandatario admite que hay una serie de limitaciones y restricciones señaladas por la ley, donde deben darse plenas garantías de equilibrio e imparcialidad por parte de todos los servidores públicos mientras hacen uso de su derecho de promover la búsqueda de la paz.
En contraposición, el Centro Democrático se ha mostrado rotundamente contrario a la posibilidad de que los funcionarios puedan hacer campaña en este atípico proceso electoral. Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo –los tres precandidatos presidenciales del uribismo– les solicitaron a la Procuraduría, a la Contraloría y al Consejo Nacional Electoral establecer una vigilancia especial en este proceso y, si es preciso, fijar medidas.
De acuerdo con Zuluaga, el Gobierno estaría violando la prohibición del uso de recursos públicos para la campaña en favor del plebiscito, por lo cual le pidió al Ministerio Público su intervención inmediata. Por eso radicó ayer ante la Procuraduría un documento donde denuncia que se habría permitido que las estrategias de los planes de medios, diseño y producción de piezas publicitarias, contratadas con la empresa J. Thompson Walter Colombia S.A.S., se hiciera presuntamente con dineros públicos a través de la organización Colombia Sí a la Paz.
Ahora bien, al margen de las discrepancias de unos y otros, lo que sí ha quedado claro es que el procurador Alejandro Ordóñez está listo para investigar a los funcionarios que eventualmente hagan campaña. “Los funcionarios públicos no pueden adelantar campaña alguna por el plebiscito o actividades previas al mismo bajo el pretexto de ‘sí a la paz’ o ‘no a la paz’, porque el derecho a la paz no puede ser sometido a votación de los ciudadanos”, precisó.
Cabe recordar que la Corte Constitucional, cuando dio vía libre al plebiscito por la paz, estipuló que los servidores públicos podrán participar en la campaña pero no podrán usar recursos del Estado. A su vez, el presidente del CNE, Alexánder Vega, ha dicho también que no podrán ser usados los bienes, recursos económicos y tiempo de trabajo en el Estado para quienes hagan campaña en el plebiscito por la paz.
Según Vega, “la corporación abogará por la diferencia entre hacer pedagogía y los alcances de las campanas en pro del sí y del no, resaltando que los términos de campaña aún no han sido estipulados, dado que no hay una convocatoria formal plebiscitaria. Sin embargo, sí existe mandato expreso constitucional de dar inicio a la parte pedagógica”. En otras palabras, se debe esperar la firma de la paz en Cuba y la convocatoria del Gobierno para definir los términos definitivos y, sobre todo, las garantías. El lío es que la campaña hace rato arrancó.
