La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero privado del BM, fue demandada ante una Corte Federal de Estados Unidos por ERI en representación de los agricultores de la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, por otorgar un crédito de 30 millones de dólares a la empresa Dinant.
Campesinos hondureños demandaron a una entidad del Banco Mundial por otorgar créditos a una empresa que estaría involucrada en una sangrienta disputa de tierras donde produce aceite de palma, dijo este miércoles la organización EarthRights International (ERI).
La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero privado del BM, fue demandada ante una Corte Federal de Estados Unidos por ERI en representación de los agricultores de la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, por otorgar un crédito de 30 millones de dólares a la empresa Dinant.
La firma es acusada por activistas de violaciones a los derechos humanos.
"EarthRights International (ERI) interpuso una demanda federal en representación de los agricultores hondureños contra dos miembros del Banco Mundial por ayudar y ser cómplices de severas violaciones de los derechos humanos", dijo la ONG con sede en Washington en un comunicado.
"Los demandantes alegan que están entre los muchos campesinos del Bajo Aguán que han sido atacados, asesinados y aterrorizados por Dinant y las fuerzas de seguridad que trabajan para ellos", agregó ERI, asegurando que es la primera demanda de este tipo.
Desde 2009, los conflictos entre la seguridad que protege las extensas áreas de cultivos de palma africana de la empresa Dinant y los campesinos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) se han intensificado, llevando a la muerte de más de 100 campesinos y guardias de seguridad.
La empresa Dinant negó las acusaciones de violencia en sus operaciones en el Bajo Aguán, un área selvática del empobrecido país centroamericano donde también operan cárteles del narcotráfico al ser un punto clave de la ruta de la cocaína hacia el mercado estadounidense.
"Es absurdo que EarthRights International vincule a Dinant a los altos niveles de inseguridad en la región del Aguán, basados en el hecho que varias muertes trágicas han ocurrido en las misma región en que somos propietarios de tierras", dijo Dinant en un comunicado.
Activistas y líderes campesinos aseguran que la situación empeoró con el golpe de Estado militar contra el ex presidente izquierdista Manuel Zelaya en 2009 y el desembolso de 15 de los 30 millones otorgados por CFI a Dinant.
"Lo que queremos es recuperar las tierras de las que hemos sido despojados y poder vivir sin el terror que nos imponen los guardias, militares, policías y grupos de sicarios apoyados por la empresa Dinant", dijo a Vitalino Álvarez, portavoz del MUCA, a Reuters vía telefónica.
