La cancillería canadiense explicó que a los sancionados se les prohíbe realizar transacciones con ciudadanos y empresas del país norteamericano y se les declara "inadmisibles" en Canadá.

El gobierno de Canadá anunció el miércoles sanciones económicas y de carácter migratorio contra una de las hijas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros 14 funcionarios locales, en respuesta a las violaciones de derechos humanos que, denunció, se están cometiendo en el país centroamericano.

En las últimas semanas han sido detenidos decenas de opositores nicaragüenses, entre ellos seis precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo.

En un comunicado, la cancillería canadiense explicó que a los sancionados se les prohíbe realizar transacciones con ciudadanos y empresas del país norteamericano y se les declara "inadmisibles" en Canadá bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.

"Canadá apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho al voto en elecciones libres, justas y transparentes", dijo el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, Marc Garneau.

Garneau instó también a las autoridades del país latinoamericano a liberar a los detenidos, respetar el Estado de derecho y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Entre los sancionados figuran Camila Ortega, encargada de la dirección de un canal de televisión estatal e hija del presidente y de la vicepresidenta Rosario Murillo; el jefe policial, Ramón Avellán; el titular del Banco Central, Leonardo Reyes, el diputado de la Asamblea Nacional Edwin Castro y el director del Instituto de Previsión Social Militar, Julio Rodríguez.

Todos ellos aparecieron también en una lista negra difundida en junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha señalado que usará todos los medios diplomáticos y herramientas económicas para apoyar los reclamos de libertad de los nicaragüenses.