El senador, quien fue presidente del Congreso entre 2009 y 2010, es acusado por supuestos vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, con los que aparentemente hizo acuerdos que facilitaron su elección.

Bogotá. El ex presidente del Congreso de Colombia y actual senador, Javier Cáceres, fue capturado este martes por orden de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por sus presuntos nexos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha.

El político, quien pertenece al Partido Cambio Radical que forma parte de la coalición de Gobierno que respalda al presidente Juan Manuel Santos, fue capturado a la salida del Congreso por agentes de la Fiscalía General que lo trasladaron a la sede de ese organismo.

"Estoy tranquilo, confío en que mis jueces naturales me llamen a indagatoria y tengo la absoluta seguridad de que todos los cargos contra mí serán desvirtuados", dijo el congresista al ingresar a la Fiscalía.

El senador, quien fue presidente del Congreso entre el 2009 y el 2010, es acusado por sus supuestos vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha con lo que aparentemente hizo acuerdos que facilitaron su elección.

La captura forma parte de la denominada "parapolítica" un proceso que ha llevado a la cárcel a más de 30 congresistas por sus nexos con esos grupos armados ilegales.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, antiguo jefe del Partido Cambio Radical, se abstuvo de hacer comentarios sobre la captura del senador. "El Gobierno no controvierte las decisiones judiciales", declaró a periodistas el funcionario.

De acuerdo con investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y testimonios de ex comandantes paramilitares, los políticos involucrados en el proceso hicieron pactos con esos grupos armados ilegales para garantizar ser elegidos en las elecciones legislativas del 2002 y del 2006.

Los paramilitares obligaron a los habitantes de las zonas que controlaban a votar por políticos con los que hicieron acuerdos y a quienes les financiaron sus campañas.

Esos escuadrones surgieron en la década de 1980 financiados por terratenientes, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista ante la ineficiencia del Gobierno para hacerlo.

Esos grupos armados lograron expulsar a la guerrilla de varias regiones del país después de sangrientas confrontaciones que cobraron miles de vidas y con el paso de los años establecieron emporios políticos y militares.

Pero los paramilitares se desmovilizaron y depusieron las armas en una cuestionada negociación de paz con el Gobierno del ex presidente Alvaro Uribe que permitió que más de 31.000 combatientes depusieran las armas.
La mayoría de antiguos comandantes de esos escuadrones fueron extraditados a Estados Unidos acusados por el Gobierno de incumplir acuerdos de la negociación que los obligaban a abandonar las actividades ilegales y de narcotráfico.