El 27 de mayo, al cumplirse diez años del cierre del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), una concentración de la oposición para recordar ese suceso terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías.
En principio, las manifestaciones antigubernamentales que tienen lugar en las calles de Venezuela desde abril son actos de protesta contra el golpe judicial propinado a la Asamblea Nacional a finales de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia –alineado con el Ejecutivo de Nicolás Maduro– despojó de su inmunidad parlamentaria y de sus facultades a los diputados elegidos democráticamente el 6 de diciembre de 2015, en su mayoría opositores. Pero con el paso del tiempo, la alianza de partidos antichavistas se ve obligada a sumar nuevos motivos y eslóganes a sus llamados para no perder su poder de convocatoria.
Cabe destacar que el Gobierno de Maduro –que controla casi todas las instituciones del Estado, violando flagrantemente el principio constitucional de la independencia de los poderes públicos– parece esmerarse en atizar la protesta al arremeter cada día un poco más contra el Estado de derecho. Este sábado, al cumplirse diez años del cierre del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), impuesto por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez (1999-2013), la oposición y sus simpatizantes se concentraron en la capital para recordar el suceso y clamar por el respeto a las libertades de prensa y de expresión.
Marchas en Caracas y el interior de Venezuela. La manifestación recorrió los municipios caraqueños de Sucre, Chacao y Baruta, y terminó en una plaza donde se proyectaron documentales sobre RCTV, con la presencia de muchos de los artistas que ganaron fama en ese medio. En una marcha paralela liderada por sacerdotes de la Iglesia católica se rezó por la paz de país, que lleva casi ocho semanas sumido en protestas cuya represión, a manos del Estado, ha dejado más de cincuenta muertos. Allí también se corearon consignas contra la criminalización de las manifestaciones y contra la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro para reformar la Carta Magna.
También hubo movilizaciones por la libertad de expresión en los estados Lara, Carabobo, Monagas, Anzoátegui y Cojedes. La concentración en memoria de RCTV terminó siendo suspendida cuando se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales en la autopista Francisco Fajardo, que comunica el oeste con el este capitalino, y comenzó a haber heridos. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –la policía militar– rociaron fuertes chorros de agua y lanzaron bombas lacrimógenas contra unos 300 manifestantes encapuchados que bloquearon la autopista con una mezcladora y dos camiones incendiados.
Violencia y anarquía. Dos homicidios –uno cometido el 26 de abril y otro, este 27 de mayo– acapararon la atención de las agencias de noticias y dejan en el aire la impresión de que tanto el Gobierno como la oposición están teniendo cada vez más dificultades para controlar a quienes ejercen la violencia política en nombre del chavismo y el antichavismo. La Fiscalía General, que se deslindó del oficialismo y ahora pretende actuar independientemente, anunció que había hecho 79 “actos de investigación” sobre la muerte de Juan Pernalete, atribuida por esa misma instancia al impacto de una bomba lacrimógena.
El cartucho metálico habría sido disparado por un policía militar directamente al pecho del joven durante una manifestación en Caracas. Por otro lado, Danny José Subero, un teniente retirado de la GNB, murió en el estado de Lara (27.5.2017) a manos de un grupo de personas que lo golpeó “con objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo” y le disparó varias veces. La motocicleta del funcionario retirado fue quemada. El Ministerio Público no ofreció más detalles del caso y señaló que coordina la actuación de la policía científica para establecer las responsabilidades penales.
El cierre de RCTV. El 27 de mayo de 2007, RCTV apagó su señal tras 53 años de emisión abierta, después de que el Gobierno de Chávez se rehusara a renovarle la concesión de transmisión e incautara su frecuencia y sus equipos para fundar la oficialista Televisora Venezolana Social (TVES). Hasta entonces, RCTV se había erigido en uno de los medios más críticos de cara al chavismo. Chávez llegó a tachar de "terroristas” a sus operadores. RCTV era uno de los canales de televisión con mayores índices de popularidad. Sus telenovelas nacionales y programas de participación y opinión eran el punto fuerte de su programación.
Mientras la calle ardía, Maduro congratulaba por su décimo aniversario a la Televisora Venezolana Social (TVES). "Quiero felicitar desde aquí a todos los trabajadores y trabajadoras de la Televisora Social; a su presidente, Winston Vallenilla… Están cumpliendo diez años haciendo una televisión incluyente, humanista, renovadora…”, comentó vía telefónica el "hombre fuerte” de Caracas durante un acto del oficialismo en la capital. El propio Vallenilla, quien fue presentador de Radio Caracas Televisión y ahora dirige TVES, recordó en un video difundido vía Twitter su experiencia en RCTV.
La CIDH versus el TSJ. "Diez años de la salida del aire de RCTV. Gran empresa, muchos recuerdos, muchas buenas anécdotas… Crecimiento, aprendizaje profesional”, señaló Vallenilla, acotando, eso sí, que la directiva de RCTV intentó obligarlo a marchar contra el Gobierno "del comandante Chávez”. A su juicio, la libertad de expresión de la que hablaban en RCTV "era irreal”. "Al final, utilizaban el medio de comunicación para poner y quitar presidentes y hacer negocios”, aseguró el comunicador. A pesar de esos argumentos, esgrimidos desde antes de que el canal cerrara sus puertas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado venezolano en 2015 "restablecer la concesión” de RCTV y "devolver los bienes objeto de las medidas cautelares”.
La CIDH señaló que en el caso de RCTV "se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de la ideas y opiniones”. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia –dominada por fichas del oficialismo– declaró "inejecutable” ese fallo, advirtiendo que "contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución” de Venezuela, "atentando contra el propio sistema de protección internacional de los derechos humanos”.
