"Este es un Gobierno paralizado que necesita cualquier ayuda que pueda recibir", dijo Carlos Melo, cientista político de Insper, una escuela de negocios de Sao Paulo.

Río de Janeiro. Los cargos criminales y la solicitud de los fiscales de arrestar a Luiz Inácio Lula da Silva han dejado al ex presidente brasileño y símbolo de la izquierda en uno de sus papeles favoritos durante largo tiempo: el de mártir.

El ex obrero metalúrgico de 70 años, quien sigue siendo un héroe para los trabajadores brasileños debido al auge económico en sus dos mandatos que creó millones de empleos, ha sabido presentarse como una víctima de una elite opresora desde sus días de líder sindical, uniendo a la clase asalariada en torno a su figura.

La semana pasada, después de que la policía federal lo detuvo brevemente para interrogarlo por una investigación sobre sobornos para obtener contratos con la petrolera Petrobras, Lula dijo que se "sentía como un prisionero" e instó a las organizaciones de izquierda, desde peones sin tierra a sindicatos, a manifestarse.

Para el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sucesora de Lula, cualquier apoyo que pueda recibir el ex mandatario puede ser un alivio en momentos en que se enfrenta a procedimientos para el inicio de un juicio político, una economía que se contrajo un 3,8 por ciento el año pasado y un escándalo de corrupción que se aproxima cada vez más a su círculo íntimo.

"Este es un Gobierno paralizado que necesita cualquier ayuda que pueda recibir", dijo Carlos Melo, cientista político de Insper, una escuela de negocios de Sao Paulo. "Incluso si Lula ha perdido algo de apoyo, él aún sabe cómo movilizar a los militantes del partido. El Gobierno puede sacar provecho de eso", agregó.

Desde luego, la situación de Lula es muy diferente a la que vivió hace cuatro décadas, cuando movilizó a cientos de miles de trabajadores contra una dictadura militar y jugó un papel clave en el restablecimiento de la democracia en el país.

Los fiscales federales creen que Lula aceptó pagos ilícitos y favores relacionados al escándalo de sobornos en Petroleo Brasileiro SA. En una investigación paralela, fiscales del estado de Sao Paulo, cuna del Partido de los Trabajadores de Lula, acusaron al ex mandatario de delitos que incluyen fraude y lavado de dinero.

Lula ha negado cualquier ilícito y un comunicado de su defensa emitido en la noche del jueves lo presenta como alguien que aún lucha contra la opresión de los poderosos.

La petición es un esfuerzo "por callar a un líder político, por impedir que exprese sus pensamientos e incluso que ejerza sus derechos", escribió Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados de Lula. "Sólo en la dictadura, cuando todos los derechos de los ciudadanos fueron suspendidos, las opiniones y el ejercicio de los derechos fueron razones para la privación de la libertad", agregó.