Operadores de ese grupo se encargaron de la gestión para cubrir honorarios de abogados que asesoraron a arraigados por la fuga.

Las autoridades federales lograron detectar la participación de operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la gestoría para pagar honorarios de la defensa de las personas arraigadas por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, según las fichas de información sobre el avance de las investigaciones entregadas a legisladores federales.

Esta información también sostiene que, hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) ha localizado el pago de dos millones 70 mil pesos como parte de la planeación para la evasión del líder del cártel del Pacífico.

La PGR también pudo conocer que los albañiles que ayudaron en la construcción del túnel utilizado en la fuga son de Sinaloa y tiene completamente confirmado que la diputada panista de ese estado, Lucero Guadalupe Sánchez, sí se entrevistó con El Chapo Guzmán en el penal de El Altiplano con una identificación falsa, ayudada por el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, responsable de operar toda la evasión.

Las autoridades entregaron a legisladores federales fichas de información como respuesta a preguntas que presentaron por escrito. En una de ellas se dice que el abogado de El Chapo, Gómez Núñez, pagó 400 mil pesos por la construcción de la pequeña casa y bodega en el terreno donde desembocó el túnel de la fuga.

También se indica que el terreno donde se edificaron costó un millón 500 mil pesos y que a uno de los pilotos que transportó a El Chapo le pagó 170 mil pesos.

Sobre la influencia del abogado Gómez Núñez, se lee: “Su capacidad de operación le permitió proveer de documentación apócrifa como credenciales y actas de nacimiento a las personas que El Chapo pedía que ingresaran a visitarlo al penal”.

La fuga revela alianza de CJNG con El Chapo

Información federal afirma que este grupo gestiona pagos a la defensa de los arraigados por la evasión del capo.

Las investigaciones en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera permitieron hasta el momento que la Procuraduría General de la República (PGR) detectara el pago de dos millones 70 mil pesos como parte de la logística para la evasión, así como la participación de operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la gestoría para pagar honorarios del equipo legal en la defensa de las personas arraigadas por la evasión.

Además, la PGR detectó que los albañiles que ayudaron en la construcción del túnel son de Sinaloa y tiene completamente confirmado que la diputada panista de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, sí se entrevistó con El Chapo Guzmán en el penal de El Altiplano con una identificación falsa, ayudada por el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, responsable de operar toda la fuga.

Se trata de un abogado que ya trabajó con Eduardo Arellano Félix, miembro del cártel de los Arellano Félix; con Vicente Zambada Niebla, familiar de Adelmo Niebla González, alias El G-3, operador del cártel del Pacífico, quien se fugó del penal de Aguaruto, Sinaloa, en mayo de 2014 y a Omar Zambada Apodaca, también miembro del cártel del Pacífico y familiar de Ismael El Mayo Zambada, compadre de Guzmán Loera, según la investigación del Ministerio Público federal.

De acuerdo con fichas de información sobre el avance de los investigaciones, que la autoridades federales entregaron a legisladores federales, como respuesta a un grupo de preguntas que entregaron por escrito, el abogado de El Chapo, Óscar Manuel Gómez Núñez, pagó 400 mil pesos por la construcción de la pequeña casa y bodega en el terreno donde desembocó el túnel de la fuga; que el terreno donde se edificaron costó un millón 500 mil pesos y que a uno de los pilotos le pagó 10 mil dólares, que en ese momento equivalían a 170 mil pesos; es decir, un total de dos millones 70 mil pesos.

En una de ellas se lee que “el evadido (El Chapo Guzmán) mantuvo comunicación con él (Gómez Núñez, su abogado) y con operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, con la finalidad de informar la situación jurídica de los arraigados por la participación en la fuga de Guzmán y para gestionar el pago de honorarios para todo el equipo legal”.

Las fichas de respuesta de las autoridades federales entregadas a un grupo de legisladores federales, y a las cuales tuvo acceso Excélsior, también incluyen una descripción del involucramiento de diez de los consignados por la fuga, siete de los cuales es por evasión de reo, uno por evasión de reo y fraude procesal, uno por fraude procesal y uno más por encubrimiento.

Una de las fichas entregadas por las autoridades federales se refiere al abogado Óscar Manuel Gómez Núñez como el “operador y organizador de la evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera” del penal de máxima seguridad El Altiplano, y quien se identificó también como “Óscar Quintanar”.

Joaquín Guzmán, dice la ficha informativa, “ratificó en su declaración que el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez se encargaría de su defensa. Es un abogado que egresó como licenciado en derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1991; además de fungir como enlace con operadores del Cártel del Pacífico, representaba al mismo tiempo la defensa de Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.

“Su capacidad de operación le permitió proveer de documentación apócrifa, como credenciales y actas de nacimiento a las personas que El Chapo pedía que ingresaran a visitarlo al penal, entre las que se identifican a la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López.

“La participación de Gómez Núñez en la fuga fue tal que gestionó la compra del terreno en donde se construyó el túnel por el que se evadió El Chapo Guzmán, realizó el pago de gastos que originó la construcción de una casa y la bodega que cubrían el túnel, con un costo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos/MN), pagándole a los albañiles los días sábado. Él mismo ordenó la entrega del predio, una vez terminada la construcción”, dice la ficha.

En otra de las fichas, las autoridades explican a los legisladores federales que Gómez Núñez hizo estas operaciones a través de Lázaro Arauno Burgos, alias Juan Jiménez, quien firmó el contrato de compra-venta con Calixto Estrada Castillo, del “predio ubicado en Santa Juana Centro, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México”.

De Édgar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo, dice una de las fichas que la imputación es por evasión de preso, porque fue el “supervisor de la construcción del túnel, participó en la logística que se implementó para que una vez evadido El Chapo Guzmán, fuera trasladado a la aeropista Quinta Palos o Cristal, lugar donde abordaría una aeronave que lo llevaría a Sinaloa, para finalmente ser trasladado a Durango”.

En las fichas entregadas a los legisladores resaltan dos nombres:

Óscar Manuel Gómez Núñez (abogado), acusado de evasión de preso. Aprovechando su calidad de abogado particular de Joaquín El Chapo Guzmán, era la persona que tenía acercamiento material con el evadido, sin restricción alguna. Instruyó la compra del predio y construcción del túnel. Fue quien pagó la mano de obra y materiales empleados para la construcción del túnel, por medio de Lázaro Araujo Burgos (a) Juan Jiménez.

Édgar Coronel Aispuro (cuñado), acusado de evasión de preso. Supervisor de la construcción del túnel, participó en la logística que se implementó para que una vez evadido El Chapo Guzmán fuera trasladado a la aeropista Quinta Palos o Cristal, lugar en donde abordaría una aeronave que lo llevaría a Sinaloa, en donde realizaría cambio de aeronave para ser trasladado a Durango.